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El caso de la construcción de un hotel de lujo en el espacio natural de la Playa de La Tejita en el sur de la isla de Tenerife, que ha saltado a la opinión pública a raíz de la acción de varios activistas de encaramarse a las grúas que había instalado la empresa constructora, es un caso emblemático y paradigmático de lo que ha sido y es el modelo especulativo de acumulación de capital asociado a la renta del suelo y al desarrollo turístico. Modelo que ha tejido en sólida red clientelar, toda una estrecha relación de políticos, constructores, turoperadores e intermediarios que construye un entramado político-empresarial que abarca al conjunto de relaciones sociales y económicas de las islas.

Para aquellas personas de desconozcan el asunto del caso del que estamos hablando diremos, en primer lugar, que el hotel de lujo que se pretende construir está en pleno espacio natural protegido que afecta a la reserva natural especial de Montaña Roja. Todo un ecosistema propio, único que queda en el paisaje de la isla, que se caracteriza por las dunas que circunda todo ese espacio natural que abarca la costa de El Médano, en el municipio sureño de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife.

La intención de las obras es construir, por parte de la empresa gallega Viqueira, un hotel de cinco estrellas que ocupará la primera línea de costa de la Playa de La Tejita, y que se extiende en una parcela de 52.987 metros cuadrados modificada mediante un convenio en el Plan General de Ordenación de Granadilla, cuando gobernaba Jaime González Cejas (PSOE) para que el uso turístico estuviera en primera línea de playa, pero donde el deslinde público fijado en su día no se ajustaba a la realidad de la dinámica de las arenas, ya que, como han demostrado Salvar La Tejita y ATAN, el dominio público marítimo terrestre en realidad es mayor y por eso está en revisión.

Pero la clave está en el servidumbre de protección del dominio público, que el Servicio de Costas en Tenerife ha fijado en 20 metros de ancho a pesar de que no está seguro de que en 1988, cuando entró en vigor la Ley de Costas, la parcela tuviera carácter urbano, es decir, no sabe si el plan parcial estaba ejecutado antes de esa fecha. El razonamiento de Costas es que como ya hay licencias dadas, en caso de duda, se favorece al promotor, para evitar indemnizaciones. Salvar La Tejita y ATAN sostienen que si las obras se paran, no hay lugar a resarcir daños y perjuicios.

Sin embargo, un informe presentado por el actual Gobierno canario le advierte al organismo estatal de que ese suelo no se podía catalogar como urbano en 1988, por lo que, en aplicación de la legislación vigente, la servidumbre de protección debería establecerse en 100 metros de ancho.

El motivo es que que «no se llevó a cabo la urbanización en los plazos previstos por el Plan Parcial Costabella por causas no imputables a la Administración», pues antes de esa fecha “el grado de urbanización de los terrenos no era superior al 50%, por tanto no tenía la consideración de suelo urbano”.

La última palabra ya la tiene la Administración estatal, pues el 12 de febrero acabó el último tramite de información pública de la revisión del deslinde. Aunque si se mantiene la servidumbre en 20 metros, los ecologistas intentarán que la última palabra la tengan los tribunales de Justicia.

Al comienzo de este artículo expresamos el hecho de que este caso era ejemplarizante en cuanto a dejar nítido la red clientelar en que están unidos instituciones, políticos y empresarios. En este caso vemos la actuación de tres instituciones; Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Gobierno de Canarias, y el Departamento de Costas dependiente del Gobierno de España. Vamos por partes:

Ayuntamiento de Granadilla de Abona; como ya hemos señalado, la licencia de obras municipales la otorga el alcalde de ese momento, año 2015, Jaime González Cejas del PSOE con bastantes anomalías, comenzando por conceder una licencia en un espacio natural especial y reservado. Pero es que el actual equipo municipal con el alcalde José Domingo Regalado, apoyado por un pacto Coalición Canaria y Partido Popular, reiteró dicha licencia y lo cierto es que esa aprobación por parte del grupo de gobierno municipal de CC y PP, se hizo vencido el plazo de dos años máximo contemplado en la resolución de la Viceconsejería de Política Territorial del 3 de junio de 2016 para comienzo de las obras. De hecho las obras de La Tejita Beach Club Resort no arrancaron hasta el pasado verano.

Departamento de Costas, dependiente del Ministerio de Transición ecológica, su actuación ofrece muchas incertidumbres y oscuridades; Así, la incoación de la revisión del deslinde en esta zona del litoral -y que afectarían a la viabilidad del hotel- fue autorizada por la Dirección General ministerial el 12 de noviembre de 2018 y notificada al Servicio Periférico de Costas en Tenerife al día siguiente. Pero tuvieron que pasar tres meses hasta que en las dependencias de Costas en la isla se inicia el procedimiento de revisión del deslinde, el 11 de febrero de 2019, lo que dio tiempo a que el Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprobara la concesión de la licencia de obra.

Gobierno de Canarias; este tercer actor se ha caracterizado, tanto en lo que respecta a la actuación de CC como del Pacto de Progreso, por su incapacidad para paralizar las obras, como por su inhibición a la hora de realizar una defensa eficaz de un paraje natural protegido por la ley.

Las implicaciones que tienen la construcción de este lujoso hotel, son la muestra de que el modelo especulativo del suelo, del espacio natural y de los recursos paisajísticos continúan siendo la fuente fundamental con que el capital privado pretende seguir acumulando beneficios. La sistemática explotación del espacio y el suelo natural es el factor principal a través del cual la economía capitalista de Canarias extrae sus beneficios en forma de renta del suelo que luego es trasladada, en parte, a toda una red clientelar, en forma de comisiones entre políticos, intermediarios y empresas vinculadas a la industria turística, en la que la división internacional del trabajo por efecto del imperialismo, ha situado a Canarias.

Lo cierto es que este modelo, que en realidad es una estructura socio-económica, actúa de manera automática, como proceso íntegro de reproducción del ciclo del capital en Canarias. Por tanto, no depende ni de los partidos políticos que detenten el gobierno y la responsabilidad institucional, ni depende, mucho menos, de la honradez y del buen hacer de los gobernantes. Es un mecanismo que tiende toda una estructura de relaciones sociales y económicas que se automatiza en el proceso de acumulación de beneficios y cuya desaparición está en relación directa con la expropiación y la desarticulación de ese mismo proceso reproductivo de capitales. Es por eso que en Canarias y en todas aquellas zonas donde se haya reproducido este modelo rentista de acumulación, una eficaz y consecuente defensa del territorio, de la soberanía alimenticia, de la protección de los espacios y recursos naturales debe ir acompañada a un somero análisis y actuación contra el capitalismo y la construcción de una conciencia revolucionaria. Un futuro sostenible pasa necesariamente por un futuro socialista y anticapitalista.

Alexis Dorta.