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Incertidumbre, inseguridad y el teléfono siempre con batería, así es cómo se definiría el empleo de la sanidad pública en estos tiempos que vivimos. La incertidumbre de si mañana continúo con mi contrato, la inseguridad de si me trasladan a otro servicio porque se contrata lo justo (o menos) y me van moviendo para reforzar un área y desproteger otra. Y siempre alerta porque ayer se terminó mi contrato y en cualquier momento me pueden llamar.

Ese es un crudo ejemplo, pero hablando con cifras: en 2019 uno de cada cuatro contratos que se firman duran menos de un año, es decir, 134.400 profesionales con esos contratos. 100 mil sanitarios están en puestos de interinidad. Si el día de mañana se hace un documental el título puede ser: "La normalización de encadenar contratos temporales".

La Comunidad de Madrid es un ejemplo de esta precariedad laboral, con un alto porcentaje de contratos temporales, un continuo despido de personal (más la previsión de no renovar el contrato de unos 10 mil trabajadoras y trabajadores) e incluso antes de que termine el contrato. Todo esto hace que haya sido uno de los territorios que más está sufriendo esta crisis del covid-19 y es que desde el gobierno de Esperanza Aguirre ha visto disminuido el número de camas en los hospitales. 

Además, se considera trabajar en el sector público como un privilegio, pues en los centros públicos de gestión privada y los centros privados la precariedad laboral es mayor, menor salario y peores condiciones laborales. La táctica es la reducción de plantilla en los centros públicos mientras dan concesiones a centros sanitarios privados. De este modo se le dice al trabajador/a que si quiere mejores condiciones laborales trabaje en la pública, se pueden permitir  su marcha  pues cuentan con una alta tasa de  paro. Esta situación les hace emigrar a países con unas mejores condiciones laborales, como Noruega  y Francia para la enfermería y fisioterapia, respectivamente. .

La solución a este problema de la temporalidad es el aumento de puestos indefinidos, mediante la creación de más oposiciones, con las plazas adecuadas a las necesidades de los territorios y la anulación de las concesiones a empresas privadas para gestionar centros sanitarios públicos.

Sin embargo, un puesto indefinido no es sinónimo de que la precariedad laboral ha terminado. Dentro de ese puesto de trabajo te encuentras con que en la mayoría de los casos hay escasez de material, es de baja calidad o que no cumplen su función. Hay falta de personal (por ejemplo dos meses antes de la crisis del covid-19 cesaron más de 18 mil trabajadoras y trabajadores de actividades sanitarias), también hay falta de pruebas diagnósticos para el propio personal o para los pacientes y unas instalaciones antiguas o en malas condiciones. Esto genera un sufrimiento psicológico, un empeoramiento de la salud y un desgaste de la calidad de vida del trabajador y trabajadora.

Pero esto es así porque el capital entiende la salud como un negocio más, por eso se han externalizado servicios  como diálisis, limpieza o la seguridad. O apenas hay recursos en servicios como odontología, fisioterapia o nutrición, han limitado estos servicios para que haya una gran lista de espera y fuercen a la población por buscar un centro privado. Estos centros o clínicas tienen a  especialistas en podología, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas y otras profesiones sanitarias con unas peores condiciones laborales: peor salario, menos material, más ratio de pacientes por hora, o casos en los que los tienes como falsos autónomos.

Por todo ello es fundamental luchar por los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario, independientemente de su categoría profesional, de cual ha estado más o menos expuesto al covid-19, las experiencias de la lucha de la clase obrera nos dicen que la unión y la organización son factores indispensables para la victoria. Hay que derrotar a la pandemia y al capital que nos explota.

David Martínez