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Elecciones de Noviembre de 2019, las quintas elecciones en cinco años; víspera del Roscón de Reyes, en pleno periodo de las vacaciones navideñas, sesión de investidura como Presidente del Gobierno de Pedro Sánchez; 13 de Enero, promete el Gobierno su lealtad al Rey y a la Constitución y se forma el primer gobierno de coalición en España desde 1939; Pablo Iglesias Vicepresidente del Gobierno y cuatro ministros más son propuestos por UP..., y así podríamos seguir rellenando folios y folios con la cascada permanente de noticias que se suceden a diario y que, superando en muchos casos la ficción, nos demuestran que lo que está pasando en España se escapa de la deseada y necesaria estabilidad que, los verdaderos poderes del Estado, demandan a sus gestores políticos.

Múltiples circunstancias de las que ya hemos hablado sobradamente nos han llevado lo largo de estos más de diez años a esta situación. Pero no hay duda, que la principal de ellas ha sido la galopante crisis estructural que azota a nuestro país desde 2008 y que, como metástasis que ataca en todos los frentes posibles al cuerpo que la sustenta, se ha convertido en una crisis general que no deja de determinar cada uno de los aspectos materiales y superestructurales del desarrollo económico y social del estado español.

Nada queda libre de su influencia, todo fluye en torno a este condicionante de crisis general y, lejos de encontrar vías superadoras que vuelvan a definir un consenso similar al de la Transición por parte de los sujetos económicos, sociales y políticos que articularon el Consenso del 78, la situación sigue deteriorándose de forma acelerada. La arquitectura institucional que se fraguó con los Pactos de la Moncloa y la Constitución hace aguas y es incapaz de contener en su seno a los diversos actores que la protagonizaron hasta hace bien poco.

La realidad que nos rodea

Crisis social con una creciente depauperización de las condiciones de existencia de la clase obrera, como consecuencia de una creciente desvalorización de la fuerza de trabajo y un imparable deterioro de las condiciones laborales. Paro, precariedad y salarios de miseria son el presente y horizonte de, cada vez, más amplios sectores de nuestra clase que, entre otras cosas, no para de crecer por el imparable proceso de proletarización de la pequeña y mediana burguesía.

Crisis económica La incapacidad de remontar de forma estable y continuada el contexto macro económico, anuncia un nuevo ciclo decreciente de la economía en el que el propio FMI acaba de publicar la rebaja de las previsiones de crecimiento para 2020 situándolo en un magro 1.6%, que coincide con el marco de “ambigüedad” que anuncia la OCDE en relación al desarrollo del paro, el déficit y la deuda de España para el próximo periodo.

Crisis territorial La eclosión del Procés tira por tierra el consenso inter-burgués y el corsé constitucional del estado de las autonomías ya no es capaz de contener en su seno, el proyecto soberanista de las burguesías catalana y vasca que, a su vez, son capaces de liderar las legítimas aspiraciones nacionales de sus pueblos. La respuesta del 155 y la represión que encabeza el PP en representación del sector más reaccionario y parasitario de la oligarquía española, conduce a un callejón sin salida esta grave crisis política

Crisis institucional Centrada en los partidos políticos –viejos y nuevos-, pero alcanzando toda la estructura sobre la que se construyó el consenso constitucional: monarquía, interlocutores sociales –patronal y sindicatos-, judicatura, bancos, cloacas del estado…, la crisis de legitimidad de todos ellos cuestiona la autoridad de un estado que se ve incapaz de gestionar una posible quiebra soportada en cualquiera de las crisis descritas, o en una combinación de ellas.

Es hora de soluciones urgentes.

Y la experiencia demuestra que solo la socialdemocracia –la vieja y la nueva- acumula las capacidades y valores necesarios para, sin romper la baraja, darle una salida favorable a la situación, defendiendo los intereses y necesidades de los sectores más avanzados del bloque oligárquico burgués y, a la vez, narcotizando al pueblo.

La alternativa de choque; la de la ilegalización de partidos, centralización del estado, privatización de las pensiones, educación y sanidad, desmantelamiento de los servicios sociales, y la desregulación absoluta del mercado laboral; debe seguir aún en la recámara mientras la movilización obrera y popular siga contenida y limitada a puntuales escenarios de conflicto que no cuestionan la hegemonía política e ideológica capitalista. Mientras el poder burgués no se cuestione y la oligarquía mantenga su poder económico y político, no es hora aún de salidas extremas del estilo de las propuestas por los fascistas de Vox y secundadas en gran medida por el PP (olvidemos ya el cadáver de Cs). Se impone darle una oportunidad a la socialdemocracia para encontrar la salida que retorne al consenso a los diversos sectores burgueses.

Ante ese reto de gestionar la continuidad de la paz social, se sitúa el gobierno de coalición y, clara muestra de ello, es que su primer gran éxito es la firma, con unos predispuestos interlocutores sociales (patronal y sindicatos) muy conscientes de su papel social, de la subida del SMI en 50€. Poco más esperemos de ellos; sus límites les vienen marcados y, como dijera Lenin en el “¿Qué hacer?”, lo único que serán capaces de ofrecernos a cambio de “adormecer la conciencia socialista de las masas obreras…, serán unos rimbombantes proyectos de miserables reformas”

El otro gran reto

Nada más y nada menos que volver a tejer el acuerdo en torno a la articulación descentralizada del estado. Los límites del simétrico estado de las autonomías ya no da para más y, como anunciara la portavoz de EH Bildu en la investidura, se corre el riesgo de perder el último tren que permita recomponer una nueva estructura que dé acomodo a todos. La derecha política española, marcada por su origen franquista, no tiene capacidad de tejer un marco unitario desde el respeto y el reconocimiento a la diversidad. Ni Grande, ni Libre, pero Una, siempre por el derecho de conquista revalidado en 1939. Esa es la divisa que les marca y que, para la actual fase de desarrollo del conflicto, los sitúa más como pirómanos que como bomberos.

La última esperanza de la oligarquía española para conservar el 25% de su PIB depende de la gestión de la socialdemocracia y, por ello, sus sectores más avanzados han apostado decididamente por esa alternativa.

Por todo esto decimos que el gobierno conformado por PSOE y UP, puede ser el último tren de un bloque de poder oligárquico-burgués que, de no saber jugar bien sus cartas, puede verse relegado a quedarse fuera de la foto del progresivo y acelerado proceso de concentración de capitales que define qué monopolios serán los que muevan los hilos de la UE post Brexit.

Julio Díaz