[Prosigue desde el mes anterior...]
La idea vulgarizada que a diario se nos presenta desde distintos medios de comunicación retrata la precarización laboral de la clase trabajadora como una imagen asociada al sector privado, permaneciendo el colectivo de los trabajadores públicos como un reducto de derechos, mejores sueldos y empleos asegurados. La realidad es muy distinta. En la última década, aunque viene de lejos, la pérdida de empleo y salario , el aumento de las cargas de trabajo , la privatización y/o externalización de servicios y el notable incremento de la temporalidad han llegado a unos niveles que empiezan a escandalizar incluso a las propias instituciones del sistema que antes las provocaron. En esta situación ni siquiera es posible defender el principio de independencia en el desarrollo de su función por parte de un empleado público cada vez más amenazado.
Cuando esta cruda realidad ha empezado a aparecer en los medios de comunicación ya se encontraban preparados los recursos tácticos de la burguesía para dosificar los <<apagones informativos>> y las campañas de descrédito de todo un colectivo de trabajadores tachados de <<privilegiados>>. ¿El argumento?; el mismo de siempre aunque en este caso concreto no responda a la verdad; reclaman más gasto público y todos convenimos en el peligro que esto acarrea.
La proyección de esta idea no es nueva y en ella vienen trabajando los medios de propaganda y la acción constante de gobiernos que desde los años 80 del pasado siglo han asumido los principios de lo que podemos admitir en denominar <<neoliberalismo>> si lo entendemos en el sentido de nueva fase del capitalismo. Una fase que estaría caracterizada por marcar el fin de las concesiones hechas por la burguesía a la clase trabajadora durante las décadas posteriores a la a II Guerra Mundial en las que la disyuntiva consistía en elegir entre un capitalismo controlado o el fin del mismo a mano de los ejemplos palpables de los países socialistas. Una nueva fase marcada por el fin del reparto de renta y el fin de las nacionalizaciones de grandes empresas y sectores estratégicos de la economía. Una fase marcada también por la asunción, sin remilgos, de la crisis sistémica del Capitalismo como una fenómeno necesario y transitorio de <<destrucción creadora>>, como la denominó Joseph Shumpeter hace casi cien años.
Esa crisis sistémica de los treinta años, como algunos economistas la han llamado se inicia a finales de los años 70 del pasado siglo e inauguró un ciclo de privatizaciones de empresas públicas en todos los países del orbe capitalista sostenido por los nuevos viejos popes de la economía neocapitalista (F. Hayek, M. Friedman, etc). La fase aguda de esta crisis la vimos surgir, también enmascarada, hacia el año 2007. Algunos la hicieron pasar por una profunda pero simple crisis financiera y otros por una <<estafa>> como repetían incansables los chicos del 15M y ahora la nueva socialdemocracia. Hace ya décadas el elemento de dominio ideológico que había que trasladar a la denominada <<opinión pública>> consistía en defender la libertad frente a la economía planificada y el dinámico libre mercado frente a la pesada y burocratizada empresa pública. El desarrollo argumental no parecía difícil; menos impuestos, menos gasto social, menos empresas públicas, menos trabajadores públicos, y en definitiva, aunque esto nunca se explicaba; más recursos disponibles para un Capital en vías de recuperar su tasa de ganancia.
En la actualidad, este dominio ideológico también lo ejerce la burguesía sobre la clase trabajadora y los sectores populares al tiempo que se desarrollan otros conceptos auxiliares de índole idealista como son el imperio de la justicia, la separación de poderes y la corrección del desajuste.
A la reforma, sea esta de índole liberal o socialdemócrata, le es suficiente el principio del consenso, del pacto social entre clases para referirse a una <<ciudadanía>> que albergue la esperanza de una sentencia favorable por parte de las altas instancias de la judicatura, una Directiva salvadora por parte de la Unión Europea, o un gestos de buena voluntad por parte del gobierno de turno.
Pero la realidad tozuda asoma por doquier y las íntimas estructuras de la dictadura del Capital, casi siempre disimuladas, revelan los intereses de la banca, los monopolios y las corporaciones para ejercer su influencia a través de lobbys, think thank, y medios de difusión-desinformación. Baste recordar algunos recientes y vergonzosos ejemplos como han sido el cambio de doctrina del TSJE respecto a las obligaciones de la banca con sus clientes en nuestro país, el cambio de doctrina en la judicatura europea respecto a las indemnizaciones a los funcionarios interinos despedidos o la reciente y más que sospechosa suspensión de las conclusiones de la Abogada General de la UE Angela Kokkot sobre las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE con relación a esta práctica abusiva.
La alienación ideológica de una buena parte de la clase trabajadora y especialmente entre los sectores populares más deprimidos allana el camino al argumentario liberal según el cual el trabajador de la empresa privada está más motivado y es más productivo, la empresa de propiedad privada está mejor gestionada y todos los recortes en recursos materiales y humanos del sector público redundan finalmente en beneficio de los ciudadanos o de la <<gente>> si se prefiere. De nuevo lo que se esconde tras este discurso no es más que el ansia depredadora del Capital reclamando su recuperación a cuenta de una sobrexplotación de los trabajadores y la gestión privatizada de los servicios públicos.
Sólo en este marco podemos entender el deterioro de los servicios públicos y de las condiciones laborales de los trabajadores que lo integran. Sólo en ese proceso podemos entender la inexorable privatización/apropiación de la empresa pública por parte del sector privado. Sólo en ese proceso de agudización de la violencia que el capital ejerce sobre toda la clase trabajadora para imponer sus principios podemos enclavar la constante perdida en las condiciones de trabajo de los empleados públicos empezando, claro está, por los más vulnerables, los temporales y los interinos.
Los comunistas sabemos que defender el desarrollo de los sectores públicos no significa el socialismo ni siquiera una etapa necesaria hacia ese proyecto, pero como decía Enri Houben hace pocos años, en las circunstancias actuales estamos obligados a demostrar que existen alternativas al mismo. Yo añadiría, además, que estos periodos de máxima contradicción entre un modo de producción social y un modo de apropiación individual son propicios para ganar conciencia de clase y capacidad de lucha. Los comunistas tenemos la responsabilidad de introducir el elemento de <<clase>> en todos estos movimientos sociales que suelen surgir desde las premisas de la desvinculación política.
Fernando Gata
