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Después de más de 50 años de conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y los diferentes gobiernos de Colombia que en ese tiempo se sucedieron, y con más de 250.000 víctimas directas, ambas partes, es decir las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, decidieron iniciar conversaciones de paz para concluir en un “Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Los encuentros extraoficiales tuvieron lugar en Cuba durante el año 2011, y a partir de ahí, las partes elaboraron una agenda de reuniones y de lugares en que se celebrarían.

Designando a Cuba y Noruega como países garantes. A Cuba, “por haber sido la sede de los primeros encuentros” y a Noruega, “por ser un país con tradición en temas de resolución de conflictos”. Tras 5 años de negociaciones (2012-2016), el 24 de noviembre de 2016 se firmó en el Teatro Colón de Bogotá el “Acuerdo de Paz” entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. En juego, la aplicación de todo lo acordado.

837 asesinatos

Casi tres años han pasado desde aquella histórica firma, y según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), organismo encargado de supervisar y verificar la implementación de lo negociado y acordado, de los 5 puntos del “Acuerdo Final de Paz”, amén de un sexto dedicado al control de su aplicación, precisamente por el Instituto Kroc, sólo el número 3, es decir el que se refiere al “Fin del conflicto”, y en particular a la desmovilización y desarme de las FARC-EP, se ha cumplido en más de un 50 %. Los otros 4 puntos referentes a “La Reforma Integral”, “Participación política”, “Soluciones al problema de las drogas ilícitas” y “Las víctimas” (8 millones y medio esperan verdad, justicia y reparación) se hallan en porcentajes de ejecución - siempre según el mencionado Instituto, y con fecha de mayo de 2019 - del 3 %, 13 %, 2 % y 12% respectivamente. Peor todavía, se constata un nulo avance en las garantías adecuadas que el Estado colombiano debía poner en práctica para la seguridad de los líderes sociales, excombatientes de las FARC-EP y familiares, así como de los activistas pro derechos humanos. Según “Marcha Patriótica” y el “Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “entre enero de 2016 y mayo de 2019, 837 personas han sido asesinadas por paramilitares y miembros de la Fuerza Pública” mientras el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, miraba para otro lado. “De esta cifra, 702 serían líderes sociales, y 135 excombatientes de las FARC-EP”.

Continuar la lucha

Ante este desolador panorama de crímenes impunes que se siguen produciendo a día de hoy, y con cientos de combatientes revolucionarios encarcelados aún, diversos comandantes de las FARC-EP, siguiendo aquella divisa que Pasionaria lanzó en nuestra Guerra Revolucionaria: “Más vale morir de pie que vivir de rodillas”, han decidido retomar las armas para, “bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”, continuar la lucha por la paz. Así lo anunció en un video el pasado 29 de agosto el que fuera jefe del equipo negociador en La Habana, Iván Márquez, rodeado de una veintena de guerrilleros, entre ellos dos importantes líderes: Jesús Santrich y Hernán Darío. Es en definitiva, “la respuesta - precisa el comunicado - a la traición del Estado colombiano a los acuerdos de Paz de La Habana”. Unos acuerdos que peligran ahora más que nunca, pese a que, aparentemente, el Estado colombiano y los medios de comunicación burgueses apuesten por la supuesta división de las FARC-EP y por una hipotética continuación del proceso. Sin duda la lucha continuará, así lo ha querido la oligarquía colombiana.

José L. Quirante