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Surge la idea de este artículo del revolcón de tripas y corazón que a cualquier valenciano le provoca leer que la Unió de Llauradors i Ramaders (COAG) afirma que este año se quedarán sin recoger en el campo más de 500.000 toneladas de cítricos y que la campaña se cerrará con más de 200 millones de pérdidas http://launion.chil.me/post/la-unio-de-llauradors-estima-les-perdues-de-la-campanya-citricola-en-mes-de-200--248101?l=CA Responsabiliza La Unió de esta situación al Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y los países del África del Sur, que ha inundado el mercado de naranjas y mandarinas producidas en Sudáfrica y poco más avanzan los compañeros/as en su denuncia y análisis, proponiendo como solución y salvación del sector la firma de una clausula de salvaguarda que en el marco del Acuerdo proteja la producción de cítricos en España. Desearíamos que así hubiera sido, pero la realidad demostró que la “europeidad” del breve gobierno de Pedro Sánchez y del resto de partidos parlamentarios, excepto Compromís, no lo iba a consentir. La disciplina y las necesidades de los monopolios europeos se sitúan por encima del presente y futuro del medio de vida de decenas de miles de familias campesinas y jornaleras. Efectivamente, como medida a corto plazo sería una solución provisional a la situación de quiebra de este sector del agro tradicional, pero ¿por qué no situar más allá el análisis y buscando la verdadera causa de esta quiebra, abordar las reivindicaciones necesarias para salir definitivamente de esta situación que hemos particularizado en los cítricos, pero podemos hacer extensiva a todo el campo español?

 

Ahí está el quid de la cuestión, en trasvasar los límites de pensamiento y análisis que nos imponen las reglas de juego que marca el sistema y denunciar la raíz del problema. Como el resto de la sociedad, el campo no se salva con tiritas; la herida es sangrante y es necesario cauterizarla.

 

La agroindustria lo determina todo.

 

La defensa de los intereses de la agroindustria en todos sus aspectos (producción, químicos, transporte y distribución) es, en última instancia, el eje sobre el que gira la totalidad del desarrollo agrícola y ganadero en nuestro país. Proceso de concentración acelerado que determina el camino a seguir en función exclusiva de la obtención y mantenimiento de beneficios para estas empresas cada vez mayores y que se enfrenta a la existencia del medio de vida de un sector, el primario, que desde el 29,3% de la población activa que ocupaba en 1970, ya solo ocupaba el 4,4% en 2016 y representaba tan solo el 2,6% del PIB

 

No ha sido ésta un decisión democrática decidida en un proceso de reforma agraria integral tendente a la socialización de la tierra y su producción, que sería el único futuro viable para el agro y para la mejora de las condiciones de vida de los hombres y mujeres del medio rural. En absoluto, pues en un proceso acelerado de despoblamiento iniciado a finales de los años 50 del siglo pasado para cubrir las necesidades de mano de obra del desarrollismo franquista, los pueblos de toda España, padecen un proceso de despoblamiento constante que ya hoy sitúa con menos de 500 habitantes a más de 4.000 municipios de los 8.125 existentes. Ni el más mínimo proyecto serio y dotado de recursos y medidas concretas para asentar la población en el- medio rural mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Una creciente brecha salarial, digital y de acceso a la sanidad, cultura y educación, vacía los pueblos y los deja abandonados o en mano de industrias – incluidas las cinegéticas - que esquilman y empobrecen el medio rural.

 

 

La OMC, el origen legal del mal

 

 

En la Ronda de Uruguay de la OMC (1986-1994) se fijó un estatuto especial a la agricultura destinado a lo que el Parlamento Europeo califica de “camino hacia un sistema de comercio agrícola equitativo y orientado al mercado”. Estas palabras en boca del lobo sitúan con meridiana claridad lo que es su única y exclusiva preferencia: favorecer un mercado monopolístico en el que solo un pequeño grupo de multinacionales tenga la capacidad de participar en el mercado internacional. Objetivo al que se supedita todo y por el que, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la reunión de Marrakech de la OMC, la UE ha dispuesto diversas medidas por las que ya el 71% del total de la importaciones agroalimentarias – equivalente a 72.000 millones de € - entran con derecho cero en sus fronteras y por el que se han regulado las ayudas de la PAC en función de complejos criterios dispuestos en la Medida Global de Ayuda Total, que si se analizan, se acaba concluyendo que la inmensa mayoría de los 72.261,4 millones de € destinados a tal fin en el periodo 2015/2016 ya acabaron en manos de los grandes productores y de la financiación de proyectos que les favorecen

 

El problema nunca es la bandera.

 

 

Ni son las fresas de Huelva que inundan Francia, ni es la leche francesa que llega a España, ni los espárragos chinos o peruanos que compiten con los de Navarra o Granada, ni la naranjas marroquíes o sudafricanas que hunden la producción tradicional de los campos de Murcia y el País Valencià. No, ni mucho menos. Los verdaderos problemas son el desbarajuste ecológico de un transporte insensato de uva en un mercado al que se le impone comerla en marzo, mientras se tiran a la basura cosechas de temporada como la de los cítricos. Esta es una situación insostenible medioambientalmente, generadora de un alto porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero, que no se cuestiona, pero que está ahí y es una barbaridad más de lo que llaman la “lógica” de mercado “libre”. Otra es la desaparición o total subordinación de la producción racional destinada a satisfacer los mercados locales con producto de cercanía. Las multinacionales de la producción, las semillas y los fitosanitarios, ni se pueden permitir desprenderse de ese territorio fértil para esquilmarlo, ni perder una mínima cuota de mercado en manos de competidores que el proceso de concentración del capital en su última fase de desarrollo, condena a desaparecer. Igualmente el empobrecimiento del pequeño y mediano campesinado, va de la mano de un progresivo proceso de proletarización en el que, por muy diversos factores, pero destacadamente por el uso abusivo del ejército de reserva para tirar hacia abajo las condiciones laborales ganadas en décadas de lucha sindical, hoy prácticamente abandonadas, se dan realidades de jornales de miseria, junto a situaciones de semiesclavitud que todos conocemos en la fresa, los ajos... o bajo los invernaderos a temperatura inhumanas.

 

Consecuentemente, no busquemos el enemigo allende las fronteras, busquémoslo en el burgués que, tras una SA de capital nacional o internacional con inversiones en España y/o fuera de nuestras fronteras, explota mano de obra aquí y allí y propicia el hundimiento de los medios de vida y la cultura tradicionales del campesinado y el proletariado agrícola en todos los países.

La solución, los y las comunistas, siempre la hemos reivindicado en la reforma agraria integral que necesita nuestros campos. Hoy la seguimos exigiendo, pero, no cabe la menor duda, que esa socialización progresiva del agro español que debe iniciarse por la expropiación de todas las grandes fincas en manos de quienes no saben lo que es un terrón de tierra o doblar el lomo, deberá contemplar otros múltiples factores vinculados a su sostenibilidad medioambiental y a la inserción de su producción en un mercado orientado a satisfacer las necesidades de la sociedad y no a aumentar las cuentas corrientes de los “corta cupones” de nuestros campos

 

 

Julio Díaz