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Damos opinión en relación a un debate  como es el futuro del diésel, que está desarrollándose en la sociedad sobre la base de hipótesis,  suposiciones e informaciones interesadas, pero que, al margen de cómo lo resuelva el Gobierno  en los próximos Presupuestos Generales del Estado, es una cuestión que   avanza imparable y está conformando una opinión y un consenso social que, para empezar a dar opinión, queremos  cuestionar en su rigor y ponerle  algunos interrogantes.

En absoluto decimos que no haya que reaccionar de inmediato contra la contaminación y que no sea urgente exigir a las diversas administraciones un planteamiento de movilidad  pública y racional que prime a las personas. Faltaría menos, pero lo pero lo que afirmamos es que,  en nuestra opinión, algo huele a sucio en la campaña institucional y empresarial contra el diésel.

A nadie se le escapa  que nada es ajeno a la realidad clasista que divide esta sociedad, pero mucho menos aún si de lo que hablamos es de un elemento central de la economía como lo es el transporte y  que, entre otros muchos datos que nos facilita el INE,  suponía en 2015 el 11.52% del total de presupuesto de las familias españolas y el 40.36% del consumo energético del país.   ¿Podemos imaginar que estarán ausentes de las posiciones hegemónicas que marcan hoy el debate, los intereses de las grandes corporaciones del transporte, las infraestructuras y los hidrocarburos?  No sin duda no.

Por eso nuestra posición es que cualquier decisión estratégica que se dé  en este terreno,  lejos de estar marcada por el interés de estos monopolios, debería ser una decisión soberana del pueblo, correctamente informada con criterios científicos y adecuada en exclusiva a las necesidades e intereses de l a mayoría social  y la Naturaleza.  Claro que los  seres humanos necesitamos intervenir sobre la Naturaleza para asegurarnos  la supervivencia, pero  es urgente que, desde ya, ninguna  decisión que se adopte en este sentido pueda  tomarse  sobre intereses particulares o  cuestionando la continuidad del equilibrio medioambiental. ¿Acaso es esa la premisa del gobierno de Pedro Sánchez?

Siendo el capitalismo el principal enemigo de la Naturaleza ¿podemos imaginarnos que un futuro impuesto al diésel  gestionado por un gobierno del capital puede suponer un giro sustancial a la situación de contaminación que padecemos si solo se aplica a los particulares?  ¿No será parte de una estrategia para potenciar un nuevo nicho económico con la sustitución de la flota de vehículos diésel por híbridos o eléctricos? ¿Hasta cuándo colará la mentira de que los coches eléctricos no contaminan cuando según datos de la Red Eléctrica de España en el mix energético en2017 el porcentaje de las   energías renovables era sólo del 33.7%? 

Son muchas las preguntas por responder,  pues alguien debería explicar porque en la década de los 90 se potenció el vehículo diésel y se pasó de 9.15% de vehículos diésel en 1988 al 55.95% en 2014, o por qué serán las rentas más bajas con vehículos más antiguos y sin posibilidad de renovar la flota los que se verán afectados por las medidas medioambientalistas de los gobiernos municipales del “cambio” mientras la burguesía circula holgadamente con sus nuevos coches de alta gama.  Pagamos siempre los mismos y las mismas, los que vivimos con un jornal o sobrevivimos como autónomos autoexplotados y, si la cosa no cambia de verdad, volveremos a ser quienes acabemos  pagando el nuevo  impuesto “verde” mientras las grandes flotas del transporte de viajeros y mercancías (Alsa, Disfrimur. DHL…) se saldrán de rositas y nos dirán que llueve mientras la verdad es que nos están meando.

Paco Monllor Salens