En marzo de 1980 se publicaba en el BOE el Estatuto de los Trabajadores, impulsado por el gobierno de la UCD, contó con el apoyo de la Patronal, UGT y el PSOE, y la oposición de CC.OO. y el PCE. Desde entonces se han realizado 52 reformas laborales. Alfonso Guerra decía que a España no la iba a reconocer ni la madre que la parió, del ET ni hablamos, por que a éste, si que no lo conocen ni los que le votaron a favor, y así nos va.
Las crisis económicas no tienen sus causas ni sus respuestas en la regulación del mercado de trabajo. En todo caso la relación es inversa: el mercado de trabajo termina reflejando algunas de las consecuencias y efectos de la crisis, especialmente en forma de destrucción de empleo y de precarización del mismo.
“Y todavía hay quien dice que los políticos que nos gobiernan no trabajan”. En materia laboral se han esforzado en demostrar que cumplen y muy bien los dictados de sus “Jefes”, incrementado las prerrogativas empresariales y minorando los derechos y garantías de la clase obrera, ejemplo de lo primero son las reformas en materia de modificación sustancial de las condiciones de trabajo o descuelgue de las condiciones de convenio, y de lo segundo, la reforma en materia de despido improcedente, la supresión de los salarios de tramitación y reducción de la indemnización. Llevamos 38 años de Estatuto y en cada reforma, la clase obrera se deja derechos mientras el empresariado obtiene mejoras a corto o medio plazo. Se hacen más ricos a costa de nuestros derechos.
Las primeras reformas hicieron hincapié en la temporalidad, introduciendo el contrato a tiempo parcial, en prácticas o de formación, en definitiva el contrato basura y, para redondear, un clásico habitual en cada reforma: la reducción de las prestaciones por desempleo.
Las siguientes reformas se centraron en reducir las indemnizaciones por despido, la persona despedida empezaba a cobrar de inmediato el paro que tuviese, anulando de facto los salarios de tramitación favoreciendo a los empresarios a los que les costaba más dichos salarios que la indemnización.
En el año 2010, con un gobierno socialista en plena crisis, nos aplican una nueva reforma para dar un mayor respiro a la oligarquía: Nueva redacción a las causas del despido por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción dejándolo al albur del empresario por cuanto introduce los denominados “despidos preventivos”, es decir absolutamente descausalizados.
Introducen la flexibilidad interna, traslados colectivos, modificaciones de las condiciones de trabajo, inaplicación salarial, suspensión de contratos y reducción de jornada, se apela también a la utilización de medios extrajudiciales de solución de conflictos, complicando la convocatoria de una huelga.
En el 2012, con un Partido Popular en el Gobierno y la clase obrera totalmente noqueada, nos vuelven a imponer una reforma al servicio del capital y los intereses financieros:
Reducen la indemnización de 45 días por año con un límite de 42 mensualidades en el despido improcedente, a 33 días con un límite de 24 mensualidades en todos los contratos indefinidos, aunque el texto de la reforma apuesta decididamente por un despido único de 20 días.
• Se modifican las causas de despido para evitar el control judicial.
• Permite al empresario modificar unilateralmente jornada, horario, salarios, entre otras condiciones sustanciales de trabajo.
• Contempla la inaplicación de los convenios a través del arbitraje obligatorio, pone fin a la ultractividad de los convenios colectivos
• El convenio de empresa, se sitúa como preferente respecto al convenio sectorial, lo que permite reducir los salarios de una empresa y a medio plazo del sector.
En la oposición el PSOE hablaba de derogar la reforma laboral, ahora que son gobierno, se han vuelto más pragmáticos y sólo quieren eliminar algunos aspectos de la del PP, la del 2010 les parece bien, eso sí, estudian mejoras en las bonificaciones y reducciones de cuotas empresariales. Nos vuelven, por enésima vez, a demostrar al servicio de quien están. Como decía Labordeta, váyanse a la mierda.
La obligada valorización del capital le obliga a extremar la violencia para conseguir el continuo aumento del tiempo de trabajo en beneficio de los patronos, por lo que es determinante tomar medidas contra el salario real comprimiendo todos los tipos de salarios, por ejemplo, ataque al salario diferido aminorando o incluso anulando las prestaciones por desempleo, o disminuyendo las pensiones; o contra el salario indirecto, disminuyendo y suprimiendo prestaciones sociales, asistenciales, sanitarias educativas, de vivienda, etc. o aumentando copagos. Y por supuesto, rebajando el salario nominal.
De ahí la violencia de las medidas y mecanismos que se explican en el artículo.
Esto solo será reversible cuando la clase trabajadora luche, se organice y adquiera como clase independencia ideológica y política.
