Catalunya está siendo sometida a un estado de excepción mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, aplicado por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, con la complicidad de Ciudadanos y del PSOE-PSC. Que a día de hoy se mantiene porque el Gobierno de Sánchez del PSOE lo permite, no solo porque le tiemblen las piernas, es que tampoco quiere la normalidad política de Catalunya, por coherencia ideológica y por no perder el poder central al que acaba de acariciar gracias a la inestimable muleta que le tiende Podemos; que quiere gobernar al modo de cómo funciona la Syriza griega.

 

Decir que por haber elegido el Parlament a un President, que no es oficialmente Puigdemont y que es Quim Torra, que por ello queda anulado el 155, no es más que otra patraña que no se la traga ni la portera de mi escalera. Ahí están los hechos: La Gneralitat de Catalunya puede disponer del presupuesto intervenido por la Hacienda estatal, pero no se le permite gastarlo en otros conceptos que no hayan sido autorizados por la autoridad central; el acercamiento de los presos políticos a las cárceles catalanas no se produce pese a que el juez Pablo Llarena entienda que la movilidad de los encarcelados corresponde a las instituciones penitenciarias, como echando este órdago a la autoridad del Gobierno. Y el presidente del Gobierno entreteniendo a los catalanes y catalanas con declaraciones esperanzadoras que hasta ahora no se traducen en nada.

 

Según rumores, podría tramarse un desgaste de tiempo: las próximas elecciones autonómicas tendrían que celebrarse en Mayo de 2019. La supresión de los cargos electivos de Puigdemont, Junqueras y otros/as –según parece- es cuestión de unos días, ordenando a Torra su cumplimiento y, si no lo cumple, también a Roger Torrent como responsable del Parlament. Lo que se buscaría es que para cuando aparezca la sentencia en firme sobre febrero próximo, toda esta gente sea apartada de la obtención de cargo público, y por tanto excluida de una posible elección en los comicios resultantes que se dieran en el mes de Mayo antes dicho.

 

Más o menos esto es lo que podría ocurrir si se mira desde la subjetividad del desconocimiento cultural de Catalunya. Todo lo que ha ocurrido en los últimos años hasta llegar a los finales de 2017 y todo lo que llevamos de 2018, no es tan sorprendente si miramos un poco hacia atrás: el 23F de los golpistas en 1981 contra el artículo 2 de la Constitución española, que según la derecha civil y militar recalcitrante rompía España; la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) en 1982; la reforma restrictiva del Estatut en 2006 tan celebrada por Alfonso Guerra: “la Comisión Constitucional se ha cepillado al Estatut como un carpintero” –dijo este jerarca-; la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011, inspirada en la Estabilidad Presupuestaria contra las Comunidades Autónomas (CC AA), etc, etc. Es decir toda una serie de despropósitos acaecidos durante todo el periodo transitorio que han ido seccionando las libertades, los derechos emancipadores y las ilusiones de una ciudadanía culta que conoce su historia, aunque mayoritariamente sea de corte burguesa. Con una juventud que se da cuenta que ha crecido en la traición a sus padres y en el engaño, que soporta el paro laboral, los recortes sociales y la represión. Con alrededor de mil heridos en la movilización pacífica del 1 de Octubre de 2017 y la vejación a sus representantes legítimos, así como la disolución forzosa de sus instituciones.

 

El fracaso político, no solamente del PP, de lo que se llamó el frente constitucional unionista, es que no lograron su objetivo y el 21 de Diciembre, sin atemorizarse, los ciudadanos de Catalunya les dio respaldo en las urnas a los resultados republicanos del referéndum celebrado el 1-O. Ahora, con todo lo que se avecina sobre el desarrollo de la judicatura y el zarandeo previsible del populismo fascistoide, cualquier previsión de futuro puede resultar una equivocación. El problema no está resuelto, está en movimiento, y, cuando se carguen las pilas, volverá con todo su ímpetu, y si los sindicatos mayoritarios se apuntan al carro y no hacen como antes, nada seguirá siendo igual.

 

Barcelona, 29 de junio de 2018

Miguel Guerrero Sánchez

 

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