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A veces un pequeño gesto tiene consecuencias de dimensiones colosales. Sirve para “abrir brecha”, como el gesto de Rosa Parks no cediendo su asiento a un blanco, siendo la chispa que encendió la llama de la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos en los años 60.

La retirada de la cruz fascista de Callosa de Segura no debería haber ido más allá de un gesto inocuo, para nada extraordinario. Un gesto de higiene democrática, como hicieron Italia o Alemania eliminando todo vestigio nazifascista. Si no ha sido así, se debe en gran medida a la anomalía sobre la que se apoya la “democracia” del Reino de España: la sacrosanta Transición. Básicamente, la Transición fue un pacto pilotado por los grupos sociales que alentaron la sublevación de 1936 y el sostenimiento de la dictadura franquista (Iglesia, ejército, oligarquía financiera, judicatura, franquistas reciclados en demócratas, etc. a la que hay que sumar la Monarquía impuesta por el mismo Franco) para salvaguardar sus privilegios e intereses de clase. Se trataba de dotar de continuidad al régimen franquista -mudando de piel como las culebras- en este caso, bajo la forma de monarquía parlamentaria.

Todo ello acompañado de una represión feroz (la Transición no fue modélica, más bien un baño de sangre) y un blindaje legal que garantizase la impunidad del genocidio franquista con leyes de punto final como la de Amnistía (que equipara a víctimas y verdugos), creación de tribunales como la Audiencia Nacional (heredera del Tribunal de Orden Público), prescripción de delitos (como hemos visto recientemente con el torturador Billy el Niño), y otros mecanismos que en definitiva, legitimaron el régimen franquista y lo exoneraron de cualquier responsabilidad con respecto a los crímenes de lesa humanidad que perpetraron.

Sobre este legado se construyó una “democracia” que no es otra cosa que una dictadura del capital amparada por una Constitución, que no deja de ser una mera declaración de intenciones, que no garantiza ningún derecho democrático o social a la clase trabajadora, ya que estos permanecen supeditados a los intereses de la clase capitalista dominante.

El franquismo sigue enquistado a día de hoy: en los tribunales, en los cuarteles, en las comisarías, en los consejos de administración, en los medios de comunicación, y obviamente, en las calles. La simbología franquista se ha mantenido y se mantiene a día de hoy en espacios públicos y privados haciendo apología del terror y el genocidio con absoluta “normalidad democrática”.

La ley de Memoria Histórica creada en 2007 por el gobierno del PSOE, fue la válvula de escape que emplearon las clases dominantes para contener la presión social ejercida por partidos, colectivos y asociaciones que exigen “Verdad, Justicia y Reparación” para las víctimas del franquismo. La ley de Memoria Histórica resultó ser jurídicamente ineficaz, políticamente falaz. De nuevo estamos ante una mera declaración de intenciones, que recomienda pero no obliga jurídicamente. A la vista de los hechos está que no se ha juzgado los crímenes ni a los criminales franquistas; no se han anulado los juicios sumarísimos; no ha habido una reparación legal, política y económica a las víctimas; no se ha devuelto el patrimonio requisado por los franquistas a sindicatos, partidos políticos, etc. Por no hablar de los más de 200.000 desaparecidos que se encuentran desperdigados por fosas comunes y cunetas.

Pero es que esta ley se ha demostrado inútil hasta para cuestiones tan factibles y epidérmicas como la retirada de simbología fascista y el cambio de nomenclatura de las calles franquistas. Ahí está la cantidad de trabas judiciales que se dirimen cada vez que se intenta realizar una actuación de este tipo. El caso de la cruz fascista de Callosa de Segura es sintomático en este sentido.

Otra de los obstáculos que ha encontrado la retirada de la cruz fascista de Callosa de Segura es la participación de la Iglesia como actor preponderante en este conflicto. Un hecho que no debe pillarnos por sorpresa, pues el nacionalcatolicismo lejos de ser una rémora pretérita y obsoleta, se constituye en sólido basamento sociológico e identitario del Reino de España, como lo fue también de la dictadura franquista. Un poder fáctico, conservador y reaccionario que se manifiesta con más virulencia en núcleos poblacionales periféricos y de tamaño reducido, como Callosa de Segura.

Fue precisamente el cura de Callosa el impulsor de las movilizaciones en defensa de la permanencia del monumento fascista; haciendo de esta postura una misión de corte espiritual, una santa cruzada, como hicieron sus predecesores santificando el golpe de estado fascista de 1936. Llegando incluso a solicitar la propiedad de la plaza, como hacen con tantos bienes públicos que no dudan en rapiñar para sus intereses. Las razones que esgrimió la Iglesia a la hora de impedir la retirada del monumento se basaron en que no era un monumento de exaltación fascista sino un mero símbolo religioso.

Pero la realidad es muy tozuda, fue un monumento promovido e inaugurado por la Falange en torno al año 1945 en homenaje a José Antonio Primo de Rivera y otros falangistas que apoyaron el golpe de Estado de 1936. No hay que pasar por alto tampoco, que la Asociación Española de Abogados Cristianos, de cariz ultraderechista es la que está llevando la defensa jurídica en pro de la permanencia del monumento fascista.

Por último, no hay que desligar la retirada de la cruz fascista del actual contexto de lucha de clases. Hoy, fruto de la descomposición y crisis del capitalismo, los capitalistas han tenido que echar mano de la bestia fascista para poder seguir manteniendo su posición hegemónica de dominación y control. Asistimos a una inusitada expansión del fascismo, así como el ascenso de políticas de endurecimiento de la represión por parte del gobierno para aquellos colectivos o proyectos políticos que intenten cualquier cuestionamiento del régimen posfranquista.

La retirada de la cruz supone una victoria del antifascismo en un contexto nada favorable. Una victoria que debe abrir brecha en el proceso de ruptura con la impunidad del régimen franquista. Ruptura que no vendrá de una reforma imposible y quimérica de las estructuras del régimen -como ocurre con la actual Constitución- sino con una fuerte movilización de masas que haga justicia al heroísmo de la clase obrera en la defensa de la II República, frente al fascismo y la dictadura de Francisco Franco.

Por todo ello, la lucha por la recuperación de la Memoria Histórica, es una tarea revolucionaria que desde el PCPE se está impulsando con el frente memorialista. Una muestra de ello es el alto compromiso de las organizaciones del PCPE de la Vega Baja, el Baix Vinalopó y L ́Alacantí, cuya militancia en todo momento ha estado apoyando la retirada de la cruz fascista de Callosa, garantizando con su presencia la ejecución de las obras ante los intentos de paralización de las mismas por parte de la ultraderecha.

El PCPE en el País Valencià tiene una larga trayectoria en el trabajo de la Memoria Histórica, encabezada en su día por el camarada Marcial Tarín; en el caso de Alicante con su presencia en la COAMHI, donde destaca el trabajo del camarada Félix Crevillén; en Orihuela, con los camaradas Ginés

Saura en el Ateneo Viento del Pueblo y Manu Gallud en el Colectivo 9 de Mayo. Ha sido un correcto planteamiento en el trabajo de masas en este frente de Memoria Histórica, lo que ha permitido intervenir en esta situación más allá de las propias fuerzas del Partido.

***Cronología de la retirada de la cruz fascista de Callosa de Segura***

-En 2013, el Ateneo Viento el Pueblo y la Asociación de víctimas del franquismo 17 de Noviembre, lanzan una propuesta al pleno del Ayuntamiento de Callosa de Segura en la que se insta a la retirada de toda simbología fascista: cambio de nomenclatura de calles franquistas y retirada de la Cruz de los caídos. El gobierno del Partido Popular que tiene mayoría absoluta vota en contra de la propuesta. Fruto de ese rechazo, estas dos asociaciones de Memoria Histórica organizan el 13 de Julio la primera concentración pro retirada de retirada de símbolos fascistas delante de la misma Cruz de los caídos.

-En 2015, se produce un cambio de gobierno tras las elecciones municipales, gobernando un tripartito formado por PSOE-IU-Podemos. Desde COAMHI (Coordinadora de asociaciones de Memoria Histórica de la provincia de Alicante) se insta al nuevo gobierno a que asuma la reivindicación de retirada de la simbología fascista, compromiso que asumen.

-En 2016, el tripartito que gobierna Callosa aprueba en pleno la retirada de la Cruz de los caídos amparándose en la Ley de Memoria Histórica. Se inicia entonces un tortuoso recorrido judicial de recursos y demandas contra la retirada de la Cruz fascista.

-En 2017, los tribunales finalmente dan la razón al ayuntamiento pero este es incapaz de llevar a cabo la retirada de la Cruz. La voluntad política de este grupo de gobierno, ha chocado de frente con los límites que el capitalismo y los poderes fácticos de este. Estas trabas se han materializado en forma de denuncias jurídicas que han ido retrasando el proceso, coacción a las empresas encargadas de llevar a cabo la obra, amenazas de muerte y obstaculización a la hora de proceder a la retirada.

Se suceden las manifestaciones de apología fascista, cánticos de Cara al Sol incluidos. Falange reconoce el monumento fascista de Callosa como “un símbolo de resistencia nacional”. Al mismo tiempo, agrupaciones antifascistas como el Colectivo 9 de Mayo llevan a cabo campañas exigiendo la retirada de la cruz siendo reprimidos con multas y persecución policial por parte del Ayuntamiento de Callosa.

-En 2018, el PCPE que junto a otros colectivos llevaba desde hace años una posición inquebrantable de lucha por la retirada de este monumento fascista, entra en escena organizando y ejecutando directamente la demolición del monumento durante los días 29 de enero y 12 de febrero.

Ante las dificultades que el alcalde de Callosa de Segura Fran Maciá (que también es miembro de COAMHI) estaba teniendo para materializar la retirada del monumento, la organización local del Partido se ofreció a ayudar a resolver esta situación. Se planteó al Alcalde la colaboración técnica del Partido, en las personas de Alicia Crevillén interviniendo como Técnica en Seguridad y Carmelo Suárez como Director de la Obra. También se hicieron gestiones que permitieran contratar a una constructora que asumiera la ejecución de los trabajos. En esas condiciones fue posible, finalmente, la retirada del monumento fascista.

ZUBEROA.