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Editorial Noviembre 2017

El desarrollo de los acontecimientos en Catalunya se da a un ritmo acelerado, no obstante ello desde Unidad y Lucha fijamos nuestra posición como expresión de la línea política marcada por el Comité Central del Partido. Se ha de considerar que un periódico mensual no puede responder a la actualidad más inmediata como nos gustaría, pero al cierre de este número contestamos a la, por ahora, última decisión del Gobierno de Rajoy de “intervenir” (eufemismo de “suspender”) la autonomía de Catalunya, con el aval del nunca electo Felipe VI.

“golpe de Estado” no es ninguna exageración en la forma de caracterizar la decisión del Consejo de Ministros. Cuando desde el Gobierno del Estado se tiene la manifiesta incapacidad para dar salida política a reivindicaciones ampliamente sentidas por el pueblo de Catalunya -independientemente de que la parasitaria burguesía catalana sea la que hoy, de forma oportunista, abandere la defensa de estas reivindicaciones-, y, además, haya sido el mismo PP quien, con su recurso en el año 2014 contra la reforma del Estatut, pusiera en el disparadero la agudización del conflicto, la decisión del Gobierno de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución del 78 no es otra cosa que un golpe de Estado contra el autogobierno de Catalunya.

Incapacidad política del gobierno de Rajoy, quien carece de propuesta política de futuro para superar la vieja cuestión del Estado plurinacional en España, y que, como siempre ha hecho la oligarquía a lo largo de la historia, tiene como única salida recurrir a la violencia y a la represión de aquellos sectores del pueblo que se organizan para la defensa de sus ideas e intereses. El encarcelamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sáchez, sitúa la cuestión en el Estado de Excepción. Dos personas que están en la cárcel sencillamente por defender sus ideas, por las vías más pacíficas y con un amplio apoyo del pueblo. La conclusión inmediata es que en España se paga con pena de cárcel pensar de forma contraria a los intereses de la oligarquía dominante, no mientras no se consiga un amplio apoyo social, pero sí desde el momento en que sectores amplios del pueblo den apoyo a esas ideas. No son hoy los únicos presos políticos en España, también está Alfon o el colectivo de presos de ETA, por citar tan solo algunos.

En la defensa de la dictadura del capital, y de la clase que sostiene esta dictadura, se alinean los “partidos de Estado”: PP, PSOE, Ciudadanos. Todos ellos con la misma disposición a intervenir, con lo que sea necesario, en defensa cerrada de esa dictadura.

En esta ocasión estamos ante un caso que no se corresponde a un supuesto revolucionario, ni una confrontación entre la clase obrera y la burguesía. A la vista de cómo se desarrollan los acontecimientos sacamos la conclusión, evidente, de que si a un conflicto político protagonizado por fracciones del bloque burgués se le da este tratamiento, en el supuesto de lucha obrera de masas contra la burguesía, una vez más en la historia, este Gobierno y esta monarquía no tendrían la menor duda de recurrir a toda la violencia que tuvieran a su alcance para tratar de derrotar cualquier ascenso de las capacidades de lucha de la clase obrera, recurriendo al ejército, al asesinato de Estado, o a cualquier otro tipo de actuación de terrorismo burgués.

Y a esto lo llaman democracia. Las fuerzas reformistas, como siempre, a pesar de la evidencia demostrada, siguen con su soniquete de “un referéndum pactado” como salida a esta situación. Se demuestran los claros límites del reformismo, muchos más claros en las situaciones de crisis del Estado, y especialmente cuando se agudizan las contradicciones de clase estando el pueblo en la calle combatiendo por sus ideas.

La dictadura del capital, que hoy en España toma la forma de monarquía borbónica parlamentaria, muestra su careta auténtica a poco que se le rasque en la superficie.

No sabemos cómo se desarrollarán en las próximas semanas los acontecimientos. Lo ocurrido hasta ahora pone de manifiesto un cuidado juego de equilibrios que, hasta hoy, está llevando a la clase dominante a una profunda crisis, y a que sea la burguesía de Catalunya quién se vaya cargando de razón democrática a su favor. Está claro que el Gobierno Rajoy, con su golpe, trata de evitar ese continuo avance de las posiciones catalanistas. La habilidad de la burguesía catalana, para desarrollar una estrategia que cuenta con un amplio apoyo del pueblo, no le coloca las cosas nada fáciles a Rajoy.

Para la clase obrera catalana la situación es un reto complejo. Por un lado la oligarquía centralista ataca a instituciones que tienen un largo respaldo histórico avalado por luchas de todo el pueblo de Catalunya, y por otro es la burguesía catalana la que lleva la ventaja en la dirección política del proceso.

La organización de la lucha popular por la defensa de los derechos nacionales e históricos, y de las instituciones que hoy las representan, hay que trasladarla a los barrios, pueblos y centros de trabajo. Hay que convertir la amplia capacidad organizativa conseguida en la lucha de estos años en capacidad organizativa para hacer avanzar la defensa de los derechos y aspiraciones de las trabajadoras y los trabajadores.

Para la clase obrera del resto del Estado la situación no es menos compleja. Lo primero: la clase obrera no puede colocarse detrás del rancio españolismo pepero del Gobierno, y contra los derechos de la clase obrera catalana atacada hoy con las medidas de excepción acordadas por el Consejo de Ministros.

La clase obrera del resto del Estado se tiene que colocar al lado de la clase obrera catalana, que ha dejado clara constancia de su voluntad de ejercitar el derecho a su libre autodeterminación, y que el pasado 1 de octubre se manifestó claramente en ese sentido. El Gobierno del PP, con su violencia brutal, hace cada día más difícil sostener un marco de relaciones con voluntad superadora entre todos los pueblos y naciones del Estado, pero la clase obrera, en su conjunto, ha de mantener una posición independiente y, de forma consciente, defender un proceso en el que la clase obrera de todos los pueblos y naciones del Estado luche por una salida de la actual crisis del Estado en el sentido de fortalecer las posiciones que se comprometen con un futuro socialista para este país.

Organizar las luchas contra el golpe de Estado, contra el Estado de Excepción, y contra el ataque al pueblo de Catalunya, levantando una amplia unidad obrera y popular con un conjunto de propuestas políticas en el sentido de: Tumbar el gobierno de Rajoy, defensa del derecho de autodeterminación, salida de la UE y de la OTAN, defensa de la negociación colectiva y el derecho de huelga, lucha contra la rebaja de los salarios, defensa de pensiones dignas, lucha contra las privatizaciones, por prestaciones sociales a los colectivos en paro prolongado, etc.

Este proceso de autogolpe, iniciado por Mariano Rajoy con los acuerdos del Consejo de Ministros del día 21 de octubre, avalado por la monarquía de Felipe VI, y por los mandos del Ejército y las cúpulas de los cuerpos represivos del Estado, ha de ser contestado por la clase obrera y los sectores populares con una amplia, unitaria y combativa movilización de masas. Un Frente Obrero y Popular por el Socialismo como política de alianzas de todas las clases subalternas en el capitalismo español, para unir las fuerzas y aumentar su capacidad de lucha.

Nuestro objetivo es convertir la actual crisis del Estado burgués-monárquico en punto de apoyo para la recuperación de las capacidades de lucha de la clase obrera y de los sectores populares, para cambiar la actual desfavorable correlación de fuerzas, y hacer avanzar la lucha de clases a posiciones más avanzadas en el camino de la República Socialista de carácter Confederal.