Anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales realiza un informe sobre la situación de las personas dependientes del Estado español. En el informe de este año, el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, se recoge un dato extremadamente preocupante: en los últimos cinco años han fallecido 150.000 personas con el derecho reconocido a recibir servicios o prestaciones derivados de su situación, sin llegar a percibirlo. Dicho de otra forma, 90 personas mueren cada día sin haber recibido la ayuda económica que les aumentaría su calidad de vida y, por lo tanto, podría llegar a extenderla y hacerla más llevadera en una situación de dependencia.
Fuente: Observatorio Estatal de la Dependencia
Según este mismo informe, el 2,6% de la población, 1.213.873 personas, tiene derecho a algún tipo de ayuda dentro de la Ley de Dependencia, pero el 28,69%, 348.309 personas, no recibe ningún tipo de ayuda a pesar de tener la dependencia reconocida. De esa enorme cantidad de personas desatendidas, el 35%, 122.000 personas, tiene reconocida dependencia de grado II o grado III, que se traduce en la necesidad de apoyo extenso y continuado. Además, a fecha de 31 de diciembre de 2016 había 103.238 personas pendientes de valoración. Ante estos datos, es fácil darse cuenta de cómo todas las personas tenemos en nuestro entorno al menos a una persona con dependencia que se ve afectada por este problema.
Tras diez años de implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia podemos observar cómo éste es ineficiente en su vertiente económica para la que no se dispone de suficiente presupuesto debido a los continuos recortes. Concretamente, se han recortado 3.734 millones de euros entre Comunidades Autónomas y Administración General del Estado en dicho período de cinco años. Además, mientras que el Estado central dice que aporta el 50% del importe de las ayudas, en realidad está aportando el 17% , mientras las Comunidades Autónomas aportan el 83% restante. Se calcula que existe un copago soportado por las personas en situación de dependencia y sus familias que asciende a 1.455 millones de euros.
Esta situación de falta de financiación también afecta al desempleo y a la recaudación de la Administración General del Estado. Si se estuvieran entregando las ayudas a tiempo, se habrían generado 78.000 puestos de trabajo y se habría recaudado 900 millones de euros de recaudación de Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades solo en el período 2012-2016.
El informe analiza además otras cuestiones: el incumplimiento de la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011 que adjudicaría las cuestiones judiciales por razones de dependencia al orden de lo Social en vez de a la jurisdicción contencioso-administrativa, mucho más lenta, costosa y sin garantías; la feminización de los cuidados, ya que estos recaen principalmente en mujeres familiares o contratadas que probablemente además luego se encargarán de sus propias tareas domésticas y se ven sometidas a la doble opresión de mujer y trabajadora; y las desigualdades entre Comunidades Autónomas en modelo de gestión, cobertura y financiación.
Jose L. Aedo
