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Anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales realiza un informe sobre la situación de las personas dependientes en el Estado español. En el informe de este año, el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, se recoge un dato extremadamente preocupante: en los últimos cinco años han fallecido 150.000 personas sin recibir la ayuda a la que tenían derecho, es decir, 90 personas cada día mueren sin la ayuda económica que aumentaría su calidad de vida y, por lo tanto, les alargaría la misma.

Según este mismo informe el 2,6% de la población (1.213.873 personas) tiene derecho a algún tipo de ayuda dentro de la Ley de Dependencia, pero el 28,69% (348.309 personas) no recibe ningún tipo de ayuda a pesar de tener la dependencia reconocida. De ese porcentaje, el 35% (122.000 personas) tiene reconocida dependencia de grado II o grado III, que se traduce en la necesidad de apoyo extenso y continuado.

Esto se produce por el recorte de 3.734 millones de euros entre Comunidades Autónomas y Administración General del Estado en dicho período de cinco años. Además, mientras que el Estado dice que aporta el 50% del importe de las ayudas en realidad está aportando el 17%, mientras las Comunidades Autónomas aportan el 83% restante.