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La convulsa situación en la República Bolivariana de Venezuela requiere de una permanente atención y análisis de los pasos que va dando la oligarquía y el imperialismo norteamericano, así como de las medidas que adopta el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

La necesidad de articular una respuesta popular al proceso de desestabilización y golpismo va más allá de las medidas que se adoptan para contener la ofensiva contrarrevolucionaria.

En la agudización de la lucha de clases que está viviendo el hermano pueblo bolivariano de Venezuela, el papel orientador y dirigente de la clase obrera y los sectores populares le corresponde a los comunistas, al PCV.

El PCV en esta situación de confrontación abierta juega un doble papel, el de ser el Partido revolucionario que acompaña el proceso bolivariano desde el triunfo del comandante Chávez para generar la salida socialista, es decir, la del poder popular, y la de formular las críticas a las instituciones y al propio Gobierno bolivariano en las decisiones que impiden la resolución de los problemas bajo una perspectiva clasista.

Son muchos los obstáculos con los que se enfrentan los camaradas venezolanos del PCV. Uno de los aspectos fundamentales es la batalla ideológica contra los oportunistas y contra el reformismo que, en las fases de agudización de las contradicciones, opera de manera más activa para contener los avances revolucionarios; como indica en sus lemas el PCV, “el capitalismo no se supera con el reformismo”, que esconde los auténticos problemas de las y los trabajadores, sino con la construcción de un bloque popular revolucionario que agrupe a las mayorías sociales en torno a la clase obrera.

Así, en torno al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), un representativo grupo de Consejos de trabajadores, dirigentes de organizaciones sindicales, delegados de prevención y trabajadores y trabajadoras en general, al servicio de empresas nacionalizadas, recuperadas y creadas por el Gobierno Nacional, se movilizaron el pasado 30 de noviembre hasta el Palacio de Miraflores para consignar una «Carta abierta» dirigida al presidente Nicolás Maduro. En la comunicación denunciaron que, mediante “reestructuraciones” y procesos de supresiones y liquidaciones, desde diversas instancias gubernamentales y al frente de diversas corporaciones y empresas públicas, hay tendencias que pretenden fortalecer el dominio del capital privado en la economía nacional, “a través de un proceso fáctico y acelerado de debilitamiento, desmantelamiento y privatización de las entidades productivas y de servicios en manos del Estado”. Este tipo de medidas, que está generando despidos masivos, con vulneración de derechos laborales recogidos en la LOT que afectan a la representación legal de las y los trabajadores, ocasiona de facto un agravamiento de la situación económica y social, que afecta también a pequeñas empresas y productores locales. Ejemplos los encontramos en la CVAL y sus “unidades de producción social”, en la Red de Abastos Bicentenario SA (con más de 4.000 despidos), en centrales azucareras inscritos en la CVA Azúcar, o en empresas pertenecientes al Ministerio de Acuicultura y Pesca. Textualmente, según indica la carta, estas empresas “son administradas con criterios altamente burocráticos, antidemocráticos, autoritarios y verticalistas, […] con prácticas corruptas que sirven al enriquecimiento ilícito de gerentes y directores, tanto civiles como militares”.

La decisión antiobrera de un juez que ordenó (sin tener en cuenta el artículo 149 de la LOT) un ilegal desalojo del encierro de las y los trabajadores de la Empresa Sudamericana de Soplados que defendían los puestos de trabajo y la gestión obrera de la empresa, fue ejecutada incluso con una extrema violencia por parte de la Guardia Nacional Bolivariana que provocó lesiones en los trabajadores, además de tres detenidos.

Es tarea, pues, de los comunistas (y el PCV así lo interpreta), liderar la ofensiva obrera en el marco de la crisis capitalista que opera en condiciones concretas en Venezuela.

Victor Lucas