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Una nueva fase del proceso de acoso a la Revolución Bolivariana se viene produciendo en los dos últimos meses. Después del fracaso movilizador con intenciones golpistas de la MUD de comienzos de septiembre, donde no consiguieron ni el ruido mediático perseguido, se ha producido una intervención desde el exterior que ha encontrado complicidad en sectores internos bolivarianos que maniobran desde dentro para contener el desarrollo del proyecto que encabezó el comandante Chávez.

La Mesa del Diálogo que se ha constituido entre el Gobierno de Maduro y la MUD, se ha trabajado con la participación directa del capital internacional de su sector socialdemócrata, en esta ocasión representado por cuatro expresidentes como son Samper (Colombia), Torrijos (Panamá), Fernández (República Dominicana) y Zapatero (España). En ella no está la representación popular o revolucionaria como el PCV, lo que, como denuncian los camaradas venezolanos, se puede convertir en un acuerdo de las élites del país.

La situación en Venezuela se encuentra en una fase aguda de la lucha de clases, caracterizada por una crisis que ha golpeado la base económica donde se sustanció el proceso bolivariano desde el triunfo de Hugo Chávez en las Elecciones presidenciales de 1998. Este proceso, que se desarrolla en la base material a través de la redistribución de la renta petrolífera, no ha sido acompañado por una participación directa de las y los trabajadores ni en la gestión ni en la propia naturaleza productiva. Por tanto, la crisis en Venezuela es de naturaleza capitalista y del modelo reformista que, llegado un momento determinado, toca techo y es incapaz de avanzar, tanto por sus propias limitaciones como por sus contradicciones.

Los avances incuestionables conseguidos inicialmente con el liderazgo del comandante Chávez, no han podido tener un desarrollo más avanzado en la presidencia de Nicolás Maduro, por la propia ofensiva del capital y por la existencia de sectores burgueses que han cubierto sus intereses dentro del espacio bolivariano y se muestran ahora objetivamente como un obstáculo para el propio proceso.

El Gobierno de Maduro se está moviendo entre la necesidad de resistir el acoso de la oligarquía nacional y el imperialismo, con medidas que no profundizan en la resolución de la contradicción reforma-revolución. La campaña de desabastecimiento operada por el sector más reaccionario de la patronal venezolana ha sido contestada por el Gobierno con la creación de los CLAP (Comités locales de abastecimiento y producción), que trata de contener su objetivo enmarcado en la “teoría del shock”, pero que no faculta a los trabajadores ni sectores populares a desarrollarlo como un instrumento del poder obrero.

En el mismo sentido nos encontramos con la incapacidad jurídica y la limitación operativa de los Consejos Productivos de Trabajadores, que, siendo anunciados como un instrumento popular, se encuentran en la práctica confrontados a las direcciones o presidencias de las empresas públicas y privadas, que se muestran en su auténtica naturaleza de clase burguesa. Lo más grave, no obstante, es el dique que representan los presidentes de las empresas públicas, donde el Gobierno tiene la posibilidad del cese inmediato, cuestión que sigue sin resolverse.

Actuando desde la lógica de la viabilidad empresarial también se están produciendo despidos en empresas públicas, principalmente en el sector agrícola y pesquero, gestionadas con sentido capitalista. Nuevamente se adoptan decisiones ajenas a los intereses de los trabajadores y trabajadoras por la imposibilidad para convertirse, mediante sus expresiones organizativas y asamblearias, en dueños de su propia empresa. La defensa de la propiedad estatal con relaciones de producción burguesa debe convertirse en propiedad social bajo control obrero y popular.

Una alternativa se presenta, el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) ha creado el Movimiento Nacional por la Defensa y la Transformación Revolucionaria de las Empresas Públicas, con el objetivo de luchar por cambios revolucionarios y la profundización del proceso bolivariano.