A finales de febrero, en los días previos a la fallida investidura de Pedro Sánchez, se puso de moda el término «gobierno a la valenciana», reivindicado sobre todo por los dirigentes de Podemos, pero también desde IU y Compromís. Una reivindicación que era una verdadera paradoja, por cuanto Podemos no forma parte de ese gobierno ni del de los Ayuntamientos por voluntad propia; el PSOE es contrario a extender al conjunto del estado ese modelo que dice defender en el P.V. y prefiere dar el gobierno al PP; mientras Compromís rompe por dos veces el grupo parlamentario que representa la política que dice defender, evidenciando que esas candidaturas no eran más que algo instrumental para conseguir unos diputados, sin un verdadero proyecto político más allá de la demagogia electoralista.
Casi año y medio después las elecciones que dieron lugar a ese gobierno, extendido también a muchos Ayuntamientos, ya es posible analizar lo que éste ha supuesto realmente. Un análisis que, por haberse puesto como modelo para todo el estado, trasciende los límites del País Valencià.
Una primera constatación es que la previsión que hacíamos los comunistas y que expusimos en aquella campaña electoral, se ha demostrado correcta. Se ha comprobado que, en la actualidad, el margen de actuación dentro de los límites del capitalismo y aceptando sus normas, es mínimo, especialmente si, como es el caso del País Valencià, la deuda y el déficit son grandes y la dependencia del estado es total.
En esas condiciones era evidente que las promesas electorales, en las que gran parte del pueblo valenciano confió y tanto contribuyeron a la desmovilización, no se iban a cumplir porque no era posible, aun suponiendo buena voluntad en quienes las hacían, que en algunos casos es mucho suponer.
A día de hoy el modelo sanitario implantado por el PP, el llamado modelo Alzira de gestión privada de la sanidad pública, sigue vigente. En educación, la LOMCE y el 3+2 se aplican, porque según la conselleria, la ley está para cumplirla. También se han declarado partidarios de la FP dual, que condena al alumnado de FP a ser mano de obra gratuita. En dependencia, que iba a ser una de las políticas estrella del nuevo gobierno, un reciente informe del Síndic de greuges, el equivalente del defensor del pueblo, califica la gestión como desoladora. Sería muy largo enumerar los incumplimientos e incluso las medidas contrarias a lo prometido por el gobierno valenciano.
A los comunistas esto no nos sorprende; lo verdaderamente extraño es que no fuese así. La diferencia con la etapa del PP es que hasta ahora se ha hecho sin apenas oposición, aprovechando la confianza y la ilusión generada en amplios sectores populares, que hasta ahora han aceptado lo que no hubieran hecho con el PP, aunque ya hay síntomas de esto está cambiando. Ese gobierno y los partidos y sindicatos que lo apoyan se convierten así en colaboradores objetivos del del capital, sin los cuales sería mucho más difícil poder llevar adelante sus políticas antiobreras y antipopulares.
La realidad objetiva es que, más allá de algunos gestos y acciones simbólicas, de las que cuestan poco o ningún dinero, nada ha cambiado sustancialmente. No solo no se ha avanzado en educación, sanidad o dependencia, si no que la mayor parte de los recortes del PP siguen en vigor y se han introducido algunos nuevos. En resumen, el gobierno “a la valenciana”, formado por el PSOE y Compromís con el apoyo de Podemos, surgido del llamado “Pacte del Botànic”, que desde el oportunismo se intenta vender como alternativa a las políticas antipopulares del PP, es un verdadero fraude.
Es necesario combatir ese gobierno, mostrar con pedagogía y una línea de masas su impotencia y su carácter de alternativa del propio sistema, del que pocas cosas positivas puede esperar quien no se contente resignadamente con el mal menor. Por eso, en la huelga estudiantil del 26 de octubre los comunistas valencianos hemos luchado para hacer ver que el Consell presidido por el señor Ximo Puig y el conseller Vicent Marzà comparten en lo fundamental el proyecto educativo del capital. Por eso el comité del P.V. del PCPE desarrollará una campaña para criticar la política educativa, sanitaria y la represión que desde los Ayuntamientos del supuesto cambio se ejerce contra la lucha obrera y popular y muy especialmente contra el PCPE.
Francisco Tendero
