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Un mes después de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana el 24 de agosto, se ha ratificado con la firma este 26 de septiembre del Acuerdo Final entre las FARP-EP y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos.

Cuatro años de negociaciones que culminan 52 años de guerra en una Colombia donde ha imperado el terror de la oligarquía con el respaldo permanente del imperialismo norteamericano contra los campesinos, los pueblos indígenas, los trabajadores y las trabajadoras y los sectores populares que han llegado a causar 8 millones de víctimas, entre los propios insurgentes, los desplazados y las desplazadas, los torturados y las torturadas, los encarcelados y las encarceladas, los desaparecidos y las desaparecidas, etc.

La lucha de clases en Colombia adquirió una situación trágica en la década de los 60. Como consecuencia del proceso de expropiación y desplazamiento que se estaba ejecutando en las zonas campesinas por terratenientes y ganaderos, surgen las autodefensas campesinas que serían el germen de las FARP-EP en 1964. Era la necesidad de contrarrestar la violencia del gobierno oligárquico-terrateniente con el apoyo sin fisuras del imperialismo yanqui. Ya en 1962, antes de la aparición de la guerrilla como fuerza militar, los EE.UU. organizan el paramilitarismo a través de la administración Kennedy, que aplicando la Doctrina de Seguridad Nacional, genera un movimiento de los ejércitos regulares a brigadas de contrainsurgencia, además de enviar una misión militar encabezada por el general William Yarborough.

Desde entonces, la guerra ha tenido un componente de terror por parte del ejército colombiano y de las organizaciones paramilitares que mostraban su ferocidad con el amparo jurídico de los gobiernos de turno, y de la financiación directa y sin escrúpulos de los terratenientes, ganaderos, grupos financieros y monopolios nacionales e internacionales. Según el Tribunal Especial de Medellín, que investiga a 12000 empresarios que financiaron a los paramilitares, “estos operaron con el imperativo de ejercer el control territorial a cualquier costo, imponer violentamente un nuevo orden social y defender la propiedad privada a sangre y fuego, con el auspicio de militares y ganaderos”.

Las zonas principales de conflicto han sido y son las más apetecidas por este bloque dominante y sus grupos económicos. Ardila Lulle, Sarmiento Angulo y el Grupo Gilinski, entre otros, son arietes de esta guerra sucia. Guerra que ha causado el asesinato de más de tres mil sindicalistas con participación financiera directa de transnacionales del banano, como La Chiquita Brands, del carbón como La Drumond, y de las bebidas y alimentos como la Coca-Cola y Nestle.

Por tanto, ¿a quién beneficia la guerra?, ¿a quién perjudica la paz? Varios han sido los intentos de concluir un proceso de paz que quebrara el sufrimiento del pueblo colombiano, para erradicar las desapariciones, torturas y desplazamientos. Experiencias anteriores tuvieron un desenlace trágico, como fue el sanguinario proceso ejecutado en la década de 1980 contra miles de candidatos y militantes de la Unión Patriótica.

Los que apuestan en contra de los Acuerdos de Paz en el plebiscito del 2 de octubre son los que han defendido permanentemente la aniquilación física de las FARP-EP, y de los líderes populares campesinos, indígenas y obreros. El expresidente Alvaro Uribe se erige en la cabeza del sector oligárquico más violento y reaccionario, que cuenta con respaldos en la administración norteamericana, que, como siempre, ha jugado y juega un papel directo en la represión de los movimientos guerrilleros y populares. El imperialismo yanqui continuará defendiendo los intereses del capital monopolista a través de la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio suscrito con Colombia, donde las operaciones comerciales en 2015 se situaron en 17.000 millones de $ en exportaciones, y 14.000 millones en importaciones. Los monopolios norteamericanos continuarán al acecho de las riquezas agrícolas, minerales e hidroeléctricas, sin menospreciar la presencia militar a través de las bases que operan en el país y en la región de forma directa, que representan una amenaza para todos los pueblos.

El triunfo del “SI” en el plebiscito, le debe otorgar al pueblo el protagonismo en la lucha por una Colombia, que cambie la correlación de fuerzas en su ruta hacia el Socialismo.

Victor Lucas