La nueva propuesta de Ley de Suelo que se plantea desde el Gobierno de Canarias (CC-PSOE) y las principales fuerzas políticas de la burguesía, se muestra como un intento más en la salida hacia delante de los sectores capitalistas en Canarias ante su crisis económica. Es decir, mediante el mismo mecanismo de acumulación y concentración de capitales que ha sido la fuente principal de intervención capitalista en las islas en años atrás.

Dicha ley viene a otorgar las competencias y papel principal a los Cabildos insulares y ayuntamientos, en detrimento de planes de ordenación y planificación desde el Gobierno de Canarias, rebajando el papel de la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) como último órgano regulador, y dándole el poder de aprobación final a los mismos organismos que promueven esas iniciativas.

Además se profundiza más en el modelo liberalizador de suelo, supone una total aberración al territorio, no quedando regulados plazos para adaptarse a las ordenaciones vigentes, pudiendo emplear suelo rústico para fines empresariales/turísticos o permitiendo la construcción “a la carta”, dictada por las “necesidades del momento” del organismo local de turno.

Ante los escándalos urbanísticos del Mamotreto de Las Teresitas, las irregularidades de los PGO de La Laguna y Santa Cruz Tfe, proyectos como Tindaya en Fuerteventura, las propuestas de nuevas pistas de los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife, el proyecto del Tren en ambas islas, o el actual reto para el pueblo canario que supone la lucha frente a la construcción del hotel en La Tejita. Esta nueva ley viene a ahondar aún más en el carácter especulativo, depredador del medio ambiente y nuestro territorio -ya devastado por burdos proyectos basados en el pelotazo a lo largo de nuestro archipiélago- y desregulador, del proyecto de desarrollo de la burguesía para Canarias, que refleja ya claramente que nada tiene que ofrecernos, sino continuar ahondando en los problemas que sufrimos desde hace décadas (corrupción, núcleos urbanos ultra-masificados, déficit de espacios libres, construcciones fuera de una lógica urbanística, destrucción del medio, urbanismo y dinero público al servicio de la patronal, etc...) y que se muestran inherentes al modelo capitalista en Canarias.

Con todo ello, esta ley se muestra en plano general, primeramente como otra medida más de la burguesía en el intento de evitar la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, y poder así mantener el proceso general de acumulación capitalista; y a modo concreto, los cambios que se presenta esta nueva regulación del suelo, responden a la naturaleza de la estructura de desarrollo y de poder, que ha construido la burguesía en Canarias, como clase dominante, en función de sus intereses. El modelo burgués caciquil insularista, que venimos señalando desde el PCPC y los CJC, y del que se sirve para seguir manteniendo divididos, explotados y altamente empobrecidos, a la clase obrera y los sectores populares de Canarias. Precisamente es en función de la crisis de sobreproducción de capitales como ha de entenderse esta “vuelta de tuerca” en el proceso de acumulación; Es dejar expedito las barreras exiguas que aún permanecían en el ordenamiento jurídico como elemento regulador del aparato público: se despeja el camino para que el capital privado, libre de toda injerencia reguladora del control público del aparato institucional burgués, pueda desregular libremente y acelerar el proceso de generación de plusvalías.

Desde el PCPC y los CJC, apostamos por una ordenación y desarrollo urbanístico favorable a la clase obrera y los sectores populares, donde haya un papel principal de participación popular mediante consejos de participación y toma de decisiones. Enfocado a los barrios infra-dotados de la periferia, donde existen concentraciones masificadas de trabajadores y trabajadoras, jóvenes de extracción popular, parados, jubiladas, etc..., implantando un sostenimiento y desarrollo de nuestro tan preciado medio ambiente, y alejado de intereses privados, caciquiles y empresariales, que continúan ahondando en la especulación, la corrupción y la ganancia privada, en detrimento de los intereses de la mayoría social. Desde ese punto de vista la organización de Comités Populares en cada barrio, como principio táctico de acumulación de fuerzas en el campo popular, se convierte en elemento imprescindible en el proceso de creación de Poder Popular.

Por todo ello es necesario llamar a la organización y movilización de la clase obrera y el pueblo canario, en contra de esta ley de suelo que la burguesía caciquil insularista nos quiere imponer, pero continuando la lucha hasta la derrota total del sistema capitalista que sustenta a toda esta estructura, para conquistar una sociedad que acabe de una vez por todas con la opresión que sufrimos y sea capaz de satisfacer los intereses de la clase trabajadora y la gran mayoría social, la conquista de la sociedad socialista.

uyl_logo40a.png