Para proteger a mujeres embarazadas, a la infancia y a las generaciones futuras de las enfermedades derivadas de la exposición a disruptores endocrinos, necesitamos normativas basadas en la ciencia y no en criterios empresariales.

 

¿Qué ocurriría si fuésemos conscientes de que ponemos unas dos muertes al día para producir beneficios empresariales? Quizás sea por eso que los medios burgueses evitan publicar contadores de mortalidad acumulada en el puesto de trabajo. Sin dudar, la solidaridad obrera se fortalecería sumando los accidentes laborales, en tendencia creciente tras la última contra-reforma laboral. Destacamos un incremento mayor, en términos relativos, de la siniestralidad en trabajadoras jóvenes con jornada parcial y contratos temporales. Deberíamos recordar el cáncer de origen laboral que arroja cifras oficiales de mortalidad ridículamente pequeñas que confrontan con las miles de muertes atribuibles al riesgo químico y estimaciones de cerca de 10 000 casos de nuevos diagnósticos anuales de cáncer en el estado burgués español. Así debe ser para mantener la tasa de ganancia, por lo que la patronal dicta las normas necesarias para minimizar al máximo las compensaciones por el deterioro de la salud del pueblo trabajador. Señalemos el cáncer de pulmón por el que el amianto sigue provocando más de 100 000 muertes al año en todo el mundo, como uno de los numerosos ejemplos mediante los que se asesina a la clase obrera en el proceso de generación de beneficios. Efectivamente, la patronal, organizada, sabe pulsar los resortes a su servicio. Tal es así, que se ha conocido una noticia que ofrece una perspectiva de enfermedades insidiosas en el ámbito laboral, así como en la población general. Concretamente, la Comisión Europea (CE) publicó el 15 de junio los criterios de identificación de disruptores endocrinos.

Cabe mencionar el proceso como una muestra más de la necesidad de que la clase obrera se libere de la Unión Europea (UE). La Dirección General de Medio Ambiente quedó encargada por la CE para establecer antes del fin de 2013 los criterios para identificar un grupo de peligrosos compuestos químicos, denominados disruptores endocrinos, ante las incontestables evidencias científicas: alteraciones hormonales de graves consecuencias que no sólo afectan a trabajadoras y trabajadores, sino que incluso poseen la capacidad de producir enfermedades y secuelas de por vida a sus hijas e hijos. A tal fin, científicas y científicos propusieron un sistema semejante a los criterios de identificación de compuestos cancerígenos que hubiera supuesto una mejora de la protección de la salud del pueblo trabajador. Como es de esperar, la CE, defendiendo a ultranza el sistema capitalista, se conmocionó y movilizó, instantáneamente, cuando la patronal apuntó el impacto económico por la potencial prohibición de compuestos fitosanitarios, utilizados en explotaciones agrarias, y biocidas, tales como desinfectantes y pesticidas de uso en espacios cerrados. La CE, actuando como marioneta de la patronal, transfirió el encargo a la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria que demostró un criterio mucho más adecuado a los intereses de los principales lobbies del sector y una delicadeza exquisita para no entorpecer “tratados internacionales”, es decir TTIP.

A raíz de ello, la Sociedad de Endocrinología, antigua y prestigiosa organización científica a nivel internacional en dicho campo, manifestó, con preocupación y decepción, que la propuesta de la CE deja de proteger la salud pública al existir más de 1300 estudios científicos que demuestran que los disruptores endocrinos producen infertilidad, diabetes, obesidad, cánceres hormonales y trastornos neurológicos1, apuntando lo evidente: los criterios deben ser estrictamente científicos.

En otras palabras, a la clase obrera se le muestra un motivo más para que se organice y luche para acabar con el capitalismo frente a la consecuencia de que trabajadoras y trabajadores suframos las más inquietantes enfermedades derivadas de nuestra actividad laboral de las que nuestra descendencia no quedará libre.


 

1 Endocrine Society. 15 junio 2016. https://www.endocrine.org/news-room/current-press-releases/european-commissions-overreaching-decision-fails-to-protect-public-health.

Olga Lepechinskaia

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