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Los últimos años de la adolescencia y los primeros de la edad adulta están marcados por ir adquiriendo diversos derechos (ya sea casarse, poder acceder al permiso de conducir, comprar alcohol, trabajar o votar). Debido a que los límites se han establecido de acuerdo con luchas y problemáticas históricas hay situaciones que no tienen lógica como es el caso del derecho al voto, que en España no se adquiere hasta los 18 años.

 

Desde los 14 años, cuando se adquiere responsabilidad penal, la capacidad para contraer matrimonio (limitada) o para firmar un testamento hológrafo, los jóvenes van, poco a poco y conforme cumplen años, adquiriendo diversos derechos. Así, desde los 16 años ya podemos trabajar, abortar sin consentimiento paterno en algunos casos o sacarnos el carnet de moto. Los 18 años, por su lado, es la edad “clave”, donde se adquiere la mayoría de edad y con ello algunos de los derechos más importantes tales como poder votar, sacarse el carnet de conducir o comprar alcohol.

Es fácil que, al establecer comparativas, salte a la vista que hay cosas que “no cuadran”. Como que, por ejemplo, desde los 16 años se considere a una persona suficientemente madura como para trabajar pero no para votar.

Precisamente quienes defienden mantener la edad para votar en los 18 años esgrimen argumentos basados en la falta de madurez de los jóvenes. Ya sea alegando que éstos están desinformados, votan de manera arbitraria o incluso criticando el adoctrinamiento al que son sometidos en las escuelas y la fuerte influencia de sus padres, lo cierto es que no son pocas las personas que se oponen a rebajar la edad mínima para votar.

Ciertamente todos esos argumentos no se sostienen. En primer lugar no se entiende cómo un joven de 16 años es suficientemente maduro para adquirir todas las responsabilidades que conlleva trabajar (o casarse, o poder someterse a ciertas operaciones…) pero votar, es decir elegir a uno o varios candidatos de manera periódica, es una carga demasiado pesada.

Además en el trasfondo de estas críticas se esconde un discurso clasista. Por un lado, si se aceptan estos argumentos (especialmente aquellos que abogan que los jóvenes votan sin sentido u orientados por alguien) se abre la puerta a cuestionar si otras personas tales como aquellas que no tienen estudios o realizan trabajos manuales sencillos pueden tener el derecho de votar. Evidentemente esos grupos que pueden estar afectados por estas críticas son aquellos con menos estudios, que son, precisamente, las personas que provienen de las capas sociales más humildes.

Entonces, ¿cuál es el verdadero motivo de esta incoherencia? Aquí debemos diferenciar los derechos que se han conquistado mediante la lucha (como el voto o el aborto) de la regulación laboral. Así porque mientras los derechos como el voto o el aborto suponen una mejora para los trabajadores pero no para los empresarios (al menos no directamente) el trabajo ajeno es, precisamente, “la fuente de ingresos” de la burguesía.

Por eso el discurso no se sostiene. La edad para trabajar siempre va a intentar ser la menor posible para poder explotar antes y mejor (recordemos que los jóvenes tienen peores condiciones laborales) a los trabajadores mientras que el resto de derechos van a intentar ser recortados e incluso eliminados.

Concretamente la edad de voto de cada país responde a la lucha de los jóvenes cuando se adquirieron estos derechos democráticos. En definitiva, los derechos se han ido adquiriendo mediante la lucha; y, las edades fijadas para asumirlos dependen de factores biológicos de desarrollo humano pero también de cuestiones históricas y políticas. Sin embargo, parece ser que el trabajador siempre es suficientemente responsable y maduro para ser explotado. Que lo sea para otras cosas es ya más cuestionable.

Ana Escauriaza