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Todo depende de la clase social con que se mira

Los recientes conflictos obreros en las subcontratas de una empresa privatizada, como Telefónica; o de otra todavía pública, pero en franco proceso de desmantelamiento, como Correos (ambas pertenecientes a sectores estratégicos), no son sino parte de las nefastas consecuencias para el pueblo trabajador de la “liberalización” del comercio de servicios, que condujo a la privatización de servicios públicos esenciales en toda Europa desde mediados los años 80 del siglo XX.

Durante la huelga estatal de Correos de mayo pasado, coincidiendo con la campaña para las elecciones municipales y autonómicas, pudimos ver a la rapiña oportunista (en Alacant era IU) lanzando engañosos mensajes de denuncia exclusivamente contra las políticas del PP, en el solo intento de arañar votos para sus candidaturas “de confluencia”, y a sabiendas de que los procesos privatizadores son impulsados por ambas mandíbulas, derecha e izquierda, del capital y respondiendo a regulaciones emanadas de la misma UE con la que jamás romperán.

Más allá de una cuestión de honestidad política con nuestra clase, las y los comunistas nos debemos al rigor en los análisis teóricos y en nuestra práctica política que nos impone el socialismo científico. Curiosamente, en el caso de los Servicios Públicos, el análisis de las consecuencias derivadas de su privatización nos llega desde las propias entrañas del sistema: se trata del Informe Final de un estudio coordinado por el “Centro de Investigación de la Vida Laboral” de Viena y financiado por el VI Programa Marco de la mismísima Comisión Europea, el denominado Proyecto PIQUE (Privatización de los Servicios Públicos e Impacto sobre la Calidad, el Empleo y la Productividad. Christoph Hermann y Jörg Flecker, 2009)1, realizado sobre cuatro sectores del Servicio Público (electricidad, servicios postales, transporte público local y servicios de salud) y en seis países diferentes (Alemania, Austria, Bélgica, Polonia, Reino Unido y Suecia). Las conclusiones del PIQUE no pueden ser más devastadoras en cuanto a la rentabilidad social de la “liberalización” del comercio de servicios; destacamos algunas de ellas:

  • Con la liberalización, el objetivo de las regulaciones legales dejó de ser garantizar la provisión del servicio y supervisar el valor aportado por el mismo, en todas sus etapas, para centrarse en asegurar la competencia entre los proveedores. Y sin embargo, el resultado global de los procesos de liberalización y privatización ha sido pobre, incluso en términos de configuración de estructuras de mercado altamente competitivas en el sector servicios.

  • En ausencia de una regulación estricta y de mercados realmente competitivos, las grandes empresas gozan de total discrecionalidad para fijar precios y determinar la calidad del servicio prestado. La supuesta liberalización ha tenido realmente mucho más éxito modificando las estructuras de propiedad, en el sentido de expandir la participación de la propiedad privada en la prestación de servicios públicos.

  • La estrategia competitiva de los nuevos (privados) proveedores y su pretendida reducción de costes en la prestación de servicios se ha basado, principalmente, en la drástica reducción de salarios y la precarización de las condiciones de empleo y de trabajo, lo que en muchas ocasiones se traduce en la degradación de la calidad del servicio. Globalmente, se puede afirmar que los procesos de privatización han contribuido, claramente, al crecimiento de las desigualdades sociales, con la discriminación entre consumidores (rentables y no rentables) y laborales, con un incremento de la brecha salarial entre trabajadores y trabajadoras que realizan exactamente las mismas tareas, con la consiguiente fragmentación del mercado de trabajo.

  • Debido, en parte, a la práctica ausencia de las organizaciones sindicales en las compañías que accedían a la gestión de los servicios públicos privatizados, la negociación colectiva, a menudo, ha perdido su capacidad para sacar salarios y condiciones laborales fuera del marco de la competición empresarial. En algunos sectores y países, como los servicios postales en Austria y Alemania, la liberalización y privatización amenazan incluso con transformar un servicio público en un sector de salarios basura.

  • Los nuevos competidores que emergieron tras la liberalización, por tanto, suelen ofrecer condiciones laborales muy inferiores a las de las compañías públicas que todavía sobreviven al proceso privatizador. Sin embargo, bajo la presión competitiva, el propio proveedor público comienza a modificar sus condiciones de trabajo, por ejemplo estableciendo estructuras salariales duales y diferencias crecientes entre una fuerza de trabajo de plantilla y otra periférica o externalizada. Se socavan sistemáticamente las bases de la solidaridad entre las y los trabajadores, generando una amenaza permanente, incluso para la relativamente estable plantilla principal, con consecuencias claramente negativas para la motivación y productividad de sus trabajadoras y trabajadores.

  • El empleo en los servicios privatizados ha derivado progresivamente hacia el tiempo parcial, recurriendo a trabajadores eventuales y autónomos más frecuentemente que cuando eran servicios prestados desde el sector público.

  • No se ha encontrado evidencia alguna que sugiera que el mercado per se haya conducido a una significativa elevación, a largo plazo, en el valor añadido de los sectores en estudio: sólo se ha podido apreciar alguna mejora en la calidad de aquellos sectores en los que era posible invertir en nuevas tecnologías que, a menudo, reducían la carga de trabajo necesaria. Sin embargo, cuando el servicio requiere un aporte sustancial de fuerza de trabajo no sustituible por la tecnología como, por ejemplo, el cuidado de pacientes o la conducción de un autobús, su calidad se ha resentido como resultado de la liberalización y privatización.

Hasta aquí la utilidad del Informe PIQUE para la organización revolucionaria. No cuestiona las privatizaciones, sólo sus excesos, y considera negativas, pero corregibles, sus consecuencias sociales y laborales sin ponerlas en conexión con los intereses monopolísticos a los que responden. Las propuestas que realiza se enmarcan dentro de la gestión del capitalismo y, obviamente, sin romper con la institución que financia el estudio, a la vez que ofrece un recetario de “buenas prácticas” para privatizar con anestesia: salarios mínimos garantizados en cada sector, regulaciones que refuercen la negociación colectiva y la posición de las y los consumidores frente a los monopolios, etc. El capitalismo no volverá jamás a caminar por esa senda. No le queda margen de maniobra más allá del incremento de la miseria, la represión y la guerra imperialista. Según reconocen los mismos autores, algunas decisiones de la Corte Europea de Justicia han dictado que ciertas regulaciones nacionales sobre protección de las y los trabajadores violan el principio de libertad económica, tal y como se establece en los Tratados de la UE. Y por si quedara algún resquicio, la UE firmará el TTIP para taparlo.

¿Servicios Públicos de calidad en la UE? ¿Coexistencia pacífica entre provisión pública y privada de servicios? No es posible. Son tan irreconciliables como los intereses de los trabajadores con los de los accionistas del monopolio que les explota. Tan inmiscibles como el agua y el aceite. Y ello por una cuestión de principio, el sector privado sólo puede crecer parasitando las partes rentables del público. ¿Lo del giro social de la UE? Cuestión de fe: de mala fe oportunista.

Sin embargo, no nos engañemos, los grandes monopolios nunca se harán cargo de pacientes o estudiantes “no rentables”, ni del reparto postal en zonas remotas; siempre necesitarán de un sector público subsidiario y marginal, en otras palabras, una especie de actualización de la beneficencia franquista: ¡Tan modernos, dinámicos, competitivos ellos y, sin embargo, tan casposos! Y si el servicio es potencialmente rentable pero requiere una inversión inicial costosa, ¡que se haga cargo el pueblo trabajador que ya lo privatizaremos!

Las diferentes variantes de la socialdemocracia y del oportunismo político y sindical echan permanentemente arena a los ojos de la clase obrera, para que no vea al sistema de explotación capitalista como la causa última de sus graves problemas. En el desarrollo de la actual crisis estructural, eso puede no ser suficiente. Ahora más que nunca hacen denodados esfuerzos para colocar delante de esos ojos unos cristales intencionadamente graduados para desenfocar su propia realidad cotidiana: una lente para que veamos simples “desviaciones neoliberales” y, por tanto, corregibles, donde sólo deberíamos ver un sistema cuyos mecanismos intrínsecos de funcionamiento están basados en la explotación de las y los trabajadores y la enajenación de los recursos naturales; otra para que, en lugar de la herramienta más depurada del capital monopolista, veamos en la UE a una entidad benefactora a la que décadas de hegemonía conservadora le han hecho apartarse de un pretendido “modelo social europeo” basado en la protección social y del medio ambiente. Lente a lente, estas fuerzas “progresistas” o, seamos modernos, “ciudadanas”, cumplen el detestable papel de último recurso en la legitimación de un capitalismo que agoniza.

La misión inicial del Partido Comunista es quitarle esas lentes a la clase obrera para que vea con sus propios ojos. No es tarea fácil. Llevamos más de un siglo recibiendo el impacto de la arena en nuestras conjuntivas, mirando a través de las lentes de otros y viendo con las retinas del enemigo de clase. Aprender a mirar, a nosotras y nosotros mismos y a lo que nos rodea, desde la perspectiva de quien todo lo produce, requiere honestidad y formación. Es el único camino para abandonar la senda de explotación, miseria y guerra imperialista que la UE ofrece a las trabajadoras y trabajadores. Los que nos ciegan saben que nuestro único camino es la construcción del Socialismo.

José Barril


1Christoph Hermann and Jörg Flecker (2009). Privatisation of Public Services and the Impact on Quality, Employment and Productivity (PIQUE) Final Report.

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/122489371EN6.pdf