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La ley que han aprobado, con una redacción que se caracteriza por ser represora de los derechos de la clase obrera y de los sectores populares, estableciendo innumerables trabas para la defensa de nuestros intereses, sólo sirve para calificar como peligroso aquello que no encaja en sus reglas.

El Parlamento español ha decidido, por mayoría absoluta, aprobar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, para garantizar la seguridad ciudadana, amparándose en lo que denomina una de las prioridades de la acción de los poderes públicos, el modelo de Estado de Derecho instaurado por la Constitución de 1978.

 

El PCPE insiste, constantemente, en destacar que el Estado responde a los intereses de una clase, que no existe el Estado neutral y que, por lo tanto, las instituciones españolas están manteniendo los intereses de la burguesía y de los monopolios. La burguesía controla el poder en el estado capitalista y, con tal de proteger sus intereses, llega a justificar que cualquier limitación en el ejercicio de las libertades por razones de seguridad, se ampara en el principio de legalidad en una triple dimensión: por la idoneidad de la limitación, por su necesidad y por su proporcionalidad.

Sin embargo, la ley que han aprobado, con una redacción que se caracteriza por ser represora de los derechos de la clase obrera y de los sectores populares, estableciendo innumerables trabas para la defensa de nuestros intereses, sólo sirve para calificar como peligroso aquello que no encaja en sus reglas, en su legalidad burguesa, para conseguir que sigamos viviendo dentro de las reglas impuestas por el sistema capitalista, en el que se explota a los trabajadores y a las trabajadoras, que no podemos protestar, porque si no se impone una multa o, incluso, la condena a ingresar en la cárcel.

De hecho, se puede limitar la circulación o la permanencia en las vías o lugares públicos, cuando consideren (¿quiénes?) que se trata de un supuesto de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración. Y las reuniones y las manifestaciones no pueden perturbar la seguridad ciudadana (¿según quién?), calificando como infracciones muy graves aquellas no comunicadas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas, que se sancionan con multa de 30.001 a 600.000 euros para los organizadores o promotores, que serán las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación y también quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas.

Las infracciones graves se sancionarán con multa de 601 a 30.000 euros; y las leves, con multa de 100 a 600 euros.

Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad que, en el ejercicio de sus funciones, hubiesen presenciado los hechos, previa ratificación (en el caso de haber sido negados por los denunciados), constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles.

¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto sea así? ¿Tenemos que hacer como estos nuevos partidos políticos que, ante el sometimiento del pueblo griego, se limitan a decir que les gustaría que las cosas fueran distintas pero que no se puede hacer nada? ¿Podemos o no podemos? O lo que es peor, ¿no queremos?

No nos van a confundir. La clase obrera no entiende lo mismo que la burguesía cuando se habla de alteraciones del orden público, de faltas de respeto a la autoridad, de deslucimiento de determinados bienes en la vía pública o del pacífico disfrute de las vías y espacios públicos.

Claro que se puede vivir de otra manera, en una sociedad socialista, sin leyes mordaza para la clase obrera ni para los sectores populares Por eso, el PCPE lucha por la conquista del poder obrero y por el fin de la explotación de los trabajadores y de las trabajadoras.

¡Todo para la clase obrera ya!

Ignacio Pastor