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La situación jurídica del aborto es un indicador importante de la capacidad que tienen las mujeres de ejercer sus derechos reproductivos. Las restricciones legales al aborto con frecuencia causan altas tasas de abortos inseguros e ilegales, lo que a su vez genera altas tasas de mortalidad materna, pues  hay un vínculo directo entre los abortos inseguros y la mortalidad materna.

Según  datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  cada año existen alrededor de 210 millones de abortos, de los cuales casi un 50 por ciento se realizan de forma clandestina e ilegal, cuyo resultado de muerte (evitable) es alrededor de 70.000 mujeres al año, con un porcentaje del 10 al 50 por ciento de complicaciones del total.  Por eso,  cada  28 de septiembre es el día que se dedica para reivindicar la despenalización total  del aborto. No parece suficiente un día para lograr un derecho humano de las mujeres como es el derecho al propio cuerpo y a una salud sexual y reproductiva plena y dentro de los sistemas públicos sanitarios.

A pesar de que  la batalla se ha centrado alrededor del derecho al aborto, especialmente en nuestro país, desligándose de la privatización del sistema sanitario,  los derechos reproductivos incluyen mucho más que el derecho a terminar un embarazo no deseado.  El derecho a la salud   sexual y reproductiva es un componente esencial   del derecho  general  a la salud.  Por eso estamos ante una  lucha de todos los días, no se conquista  ningún derecho sin lucha constante y este, además, dominado por la moralina religiosa variada de  cultos alienantes y misóginos, no   se puede  ejercer  por las mujeres sin la autorización de la superioridad.

Los derechos de las mujeres  del pueblo trabajador se van reduciendo paulatinamente, en el caso del derecho al aborto, además, se ejerce una tutela odiosa tanto en  legislaciones con  plazos como en las de supuestos.  No digamos ya en lugares de prohibición absoluta (9 países en el mundo prohíben completamente el aborto, 5 de ellos están en Latinoamérica).    Que en nuestros cuerpos y maternidades no mandamos nosotras, seres débiles, irreflexivas y en definitiva hijas de un dios menor, si no que es necesario que nos supervisen  no sea que nos vayamos a equivocar o, aun peor, que  ejerzamos   un derecho a decidir ser o no madres (elección que no está claro sea nuestra) y  entremos en conflicto con otro derecho, el de la vida. Sagrado derecho cuando hablamos de  fetos, que cuando naces ya es otro cantar y no me cabe en este breve espacio.

Si no es un derecho en las sociedades capitalistas ¿qué es?   Es un negocio.  La mayoría de interrupciones de embarazos (IVE)  se hacen en centros privados en nuestro país, en otros, incluso aunque el aborto sea ilegal, las mujeres de alto nivel socio económico tienen a su alcance,  siempre han tenido, el dinero y los médicos privados para hacerse abortos; mientras las mujeres de las capas populares  deben enfrentar la decisión de llevar a término un embarazo no deseado o arriesgar sus vidas en un aborto inseguro e ilegal. Las restricciones al aborto y a la salud sexual causan sufrimiento, enfermedad y muerte, en particular a las mujeres más vulnerables, aquellas que tienen poco acceso a información y a recursos y no resuelve ninguno de los problemas que acarrea un embarazo no deseado.

El derecho de la mujer a su propio cuerpo sin supervisores morales o técnicos, los derechos sexuales y reproductivos dentro de los sistemas públicos de salud,  son una demanda central de las mujeres explotadas, de las mujeres de la clase obrera,  que  junto con exigencias de igual salario, guarderías y servicios públicos gratuitos para la socialización del trabajo de cuidados, y el fin de toda  discriminación conforman  premisas  básicas y reivindicaciones del feminismo de clase.  La unidad en torno a un proyecto clasista que integre todas esas  reivindicaciones es la más cabal y coherente propuesta que tenemos para lograr la verdadera emancipación como clase y como género.

Lola Jiménez