Tal y como recoge el informe “Exportaciones españolas, de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso en el primer semestre de 2014” publicado por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, el valor de las exportaciones realizadas durante los seis primeros meses del año 2014 ascendió a 1.378,5 millones de euros. De tales exportaciones, el 53’5% tuvo como destino países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o de la Unión Europea, destacando aquellos países con los que España mantiene proyectos industriales militares en común –Reino Unido, Francia, Alemania e Italia—como son los programas del avión de combate Eurofighter y del avión de transporte militar A-400M. Otras importantes operaciones de exportación fueron las realizadas a Arabia Saudí, Egipto, Omán, Indonesia y Australia, siendo la categoría de “aeronaves” el principal objeto de las exportaciones españolas en lo que a material de defensa se refiere, con un 72’5% del total.
Estas cifras convierten a España en uno de los principales exportadores del mundo. Según el Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), en los últimos años nuestro país ha incrementado su peso en las transferencias mundiales de material de defensa hasta alcanzar un 3% de estas. Ello ha llevado a España a tener el dudoso privilegio de ocupar el séptimo puesto en el ranking mundial exportaciones de armamentos.
Podría pensarse que una actividad de naturaleza tan sensible como la exportación de armamento es una actividad rigurosamente regulada a nivel internacional. A este respecto, España se debe al Tratado sobre Comercio de Armas de la Organización de Naciones Unidas, así como a la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo de Europa por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. En ambos documentos, se alude explícitamente al obligado respeto de los derechos humanos como requisito ineludible para la importación de cualquier tipo de armamento, así como la evaluación del riesgo que dicha transferencia suponga para la estabilidad internacional, entre otros criterios. Entonces, ¿cómo es siquiera imaginable que Arabia Saudí, beligerante potencia en Oriente Medio que no ha dudado en intervenir militarmente en Yemen para defender sus intereses en la región, y cuyo respeto a los derechos humanos es directamente irrisorio, sea el principal socio fuera de la OTAN de España en el intercambio de armamentos?¿Cómo es posible que España, imitando a otros estados miembros de la UE, levantase en julio de 2014 la suspensión de las exportaciones de materiales susceptibles de ser utilizados en el conflicto armado del Bajo Don ucraniano, cuando en los tres meses posteriores a la firma del Protocolo de Minsk en septiembre del mismo año, perdían la vida 957 personas, una media de 13 muertos diarios? Interrogantes de difícil respuesta para aquellos bienpensantes que aún hoy depositan su confianza en el derecho internacional, en la pretendida legitimidad de la ONU o en la proyección pacífica de los intereses europeos; vanas y hueras ilusiones que nada tienen que ver con la belicista realpolitik de los monopolios.
No es de extrañar que un negocio de cifras tan astronómicas como éste cuente, en un país de corrupción tan institucionalizada como el nuestro, con sus propias corruptelas. Una de las mas recientes y sonadas, debido a su magnitud y al hecho de no tener precedentes de tipo alguno al encontrarse protagonizada por DEFEX, una empresa pública participada en un 51% por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Se trata del Caso Angora.
A pesar de que se trata de un caso inconcluso, cuyas investigaciones se encuentran bajo secreto de sumario, hoy conocemos que en el año 2008 y bajo la presidencia de José Luís Rodríguez Zapatero, la mencionada empresa pública suscribiría a través de una Unión Temporal de Empresas y con el beneplácito de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU)un acuerdo con la Comandancia General de Policía Nacional de Angola para el suministro de material como vehículos, equipos de comunicaciones o uniformes por un importe nada desdeñable: 153 millones de euros. Aproximadamente 100 millones se transitarían a un sofisticado y complejo entramado societario con cuentas bancarias en Luxemburgo, Hong Kong, Singapur y Suiza, construido para la ocasión, mediante el cual se haría llegar a varios directivos de DEFEX y algunas importantes personalidades del gobierno angoleño sus respectivas e ilegales comisiones. En la actualidad, y solo tras el aviso de Luxemburgo al gobierno español, varios directivos de la empresa pública enfrentan los cargos de corrupción, fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Mientras tanto, las autoridades angoleñas solo han recibido equipamiento valorado en escasos 50 millones de euros.
¿Qué grado de conocimiento tenia la Junta Interministerial, de la que forman parte el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia, entre otros, de las intenciones fraudulentas de los directivos de DEFEX? ¿Acaso las autoridades españolas solo conocieron el ardid una vez fueron avisadas por el gobierno luxemburgués? ¿Ignorancia o complicidad? Hoy se piensa que el método empleado en este caso ha podido ser empleado desde 2002 en otros tantos contratos realizados por DEFEX con países no firmantes del convenio sobre la corrupción en la transacción internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sea como fuere, de manera lícita o fraudulenta, y recurriendo al latrocinio de forma más o menos manifiesta, la conclusión es clara: toda paz será perecedera mientras el beneficio de la industria de la guerra siga imponiéndose mediante las imposturas de nuestros gobernantes.
Alfonso Reyes
