Compartir

No es ningún secreto que la situación de la educación en España está pasando por momentos drásticos durante los últimos años. En la educación superior universitaria la subida de los precios de la matrícula, la reducción de las becas y la devaluación de los títulos es la tónica habitual que padecen los estudiantes desde la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior o Plan Bolonia y, día tras día, vemos cómo esto se agrava con las nuevas líneas trazadas en el Proyecto Estrategia 2015.

La situación en enseñanzas medias y grados de Formación Profesional tampoco es mucho mejor. Desde la entrada en vigor de la LOMCE, los padres, profesores y alumnos han perdido toda la representatividad en el centro y es el director, elegido directamente por la administración, quien mediante un proyecto de eficiencia, ligado íntimamente al rendimiento económico y académico del centro y no a la calidad docente, quien gestiona el centro con total libertad. Si a esto le sumamos la capacidad de cerrar contratos para los alumnos en prácticas no solo para FP sino hasta para los alumnos de la ESO, en la llamada vía de enseñanzas aplicadas, vemos algunos ejemplos de cómo el objetivo final de todas estas medidas es poner la educación al servicio de las empresas como una mercancía más que podamos comprar y vender y donde los estudiantes son a la vez los clientes (ya que muchas veces pagan por la educación recibida o por otros servicios ligados a ella) y la mano de obra (gratuita en forma de prácticas) que se distribuyen en función de los intereses financieros.

Durante estos años, ni los padres, ni los profesores, ni los alumnos se han quedado quietos. Han salido a la calle en innumerables ocasiones a manifestar su rechazo sobre las diversas leyes educativas. Una de las más sonadas fue la jornada de huelga educativa en rechazo a la LOMCE que movilizó a centenares de miles de personas en todo el estado español. Las movilizaciones multitudinarias no han sido la única consecuencia directa de la grave situación. Estos últimos años han surgido numerosas asociaciones estudiantiles que, en vez de erigirse como voceros de determinados partidos políticos durante las campañas electorales en las universidades, buscan organizar a la mayoría del estudiantado en torno a reivindicaciones que afectan a su realidad concreta, ligándolas intrínsecamente a las situaciones de la política educativa general que son las que la provocan.  Algunas de las más relevantes y que realizan un trabajo diario en los centros de estudios son: el Bloque de institutos de Madrid (BIM) o el Bloque de Estudiantes del campus de Somosaguas (BES), La Asociación Popular de Estudiantes (APE) de Valencia, el Front Estudiantil Unitari (FEU) de Cataluña, el Bloque de Institutos de León (BIL), el Frente de Estudiantes Unitario de Burgos (FEUB), la coordinadora de Estudiantes de Málaga (CEM) o la coordinadora de Estudiantes de la Región de Murcia (CERM). Estas son algunas, pero cabe añadir que en todos los puntos del estado existen otras asociaciones de estudiantes similares.

Gracias al trabajo de estas asociaciones, estos últimos años se está poniendo fin a la situación de fragmentación que el sindicalismo estudiantil arrastraba en este país desde la década de los 90. Los estudiantes no solo se organizan dentro de su centro de estudios, sino que las asociaciones estudiantiles se extienden a numerosos centros con una realidad similar existiendo múltiples asociaciones que engloban provincias o incluso comunidades autónomas enteras. Cada asociación tiene unas características concretas: algunas solo son de secundaria, otras universitarias, otras conjuntas, algunas engloban un mayor territorio..., pero lo que aúna a todas es la necesidad de organizar al estudiantado para lograr un cambio significativo en el sistema educativo. Con el primer encuentro estatal de estudiantes celebrado en Barcelona en 2013 las asociaciones iniciaron un nuevo nivel de trabajo y coordinación conjunto convocando campañas y movilizaciones alrededor de de todo el estado. Esta situación tiene vistas de continuar y de perfeccionarse con las conclusiones extraídas en el segundo encuentro estatal de estudiantes celebrado en Madrid los días 16 y 17 de mayo, donde la conclusión más relevante fue la de avanzar en torno a la construcción de unas estructuras conjuntas que desemboquen en la construcción de un sindicato estatal de estudiantes que realmente tenga un carácter de masas y combativo.

Pau Román, Responsable de estudiantes de CJC