Llegamos a este proceso de elecciones municipales y autonómicas en una situación nada halagüeña para la mayoría obrera y popular. Cuatro años de gestión por parte del Partido Popular en el gobierno central han servido para agravar aún más la difícil situación social que dejó el gobierno de Zapatero, promotor de reformas laborales y del retraso de la edad de jubilación, entre otros ataques directos a los trabajadores y trabajadoras.

 

El PP ha mantenido y aumentado el ataque, utilizando como excusa el tan manido argumento de que “los anteriores lo han dejado todo fatal y es necesario hacer profundas reformas”. Las “reformas” que ha acelerado el Partido Popular en los últimos años han tenido como objetivo principal el desmantelamiento del ya exiguo sector público y su apertura al gran capital privado, necesitado de nuevos espacios donde recuperar, con rapidez, los beneficios económicos perdidos a raíz del estallido de la crisis.

Las políticas emanadas de los sucesivos gobiernos centrales han tenido un claro efecto en los municipios y las Comunidades Autónomas, en muchos casos gobernados por los mismos partidos u otros que defienden el mismo modelo económico y social, el capitalista, como el mejor de los sistemas posibles.

Los gobiernos municipales y autonómicos han privatizado y han recortado igual que lo ha hecho el gobierno central. Han aplicado sin miramientos las directrices y las limitaciones impuestas no sólo por Madrid, sino también por Bruselas, en la creencia de que no caben alternativas al modelo capitalista tal como está concebido.

Al aliento del malestar social generado por tales políticas fuertemente agresivas contra la mayoría trabajadora, han surgido partidos y organizaciones que pretenden presentarse como alternativa al actual modelo de gestión, pero sin poner en duda la base económica que lo sustenta.

Estos partidos y organizaciones, apelando a la ilusión o a conceptos tan difusos como el de “ciudadanía”, que pretende armonizar bajo ciertas propuestas a todas las clases y capas sociales y, por tanto, oculta la raíz principal de la crisis, aspiran a convertirse en nuevos gestores públicos para hacer, supuestamente, la gestión de otra manera, pero siempre desde los estrechos márgenes que ofrece la legislación pensada y ejecutada para beneficio del gran capital monopolista, de las grandes empresas que acaparan la gestión de servicios públicos privatizados.

La irrupción de estas organizaciones y partidos, fuertemente apoyada desde ciertos medios de comunicación de masas, quiere ser un cambio estético, un retoque en un rostro, el de la España capitalista, que está ya demacrado a ojos de las grandes mayorías.

Se pretende ofrecer a la mayoría social un recambio creíble y asumible, dentro del capitalismo, una alternativa a los partidos que se han turnado en los gobiernos desde el fin de la dictadura franquista y que están preñados de engaños, corrupción, caciquismo y desprecio hacia los intereses obreros y populares.

La crisis política, la crisis en la cúspide que es consecuencia de la profunda crisis económica cuyas consecuencias seguimos padeciendo, pretende ser resuelta sin grandes altibajos, sin grandes cambios en lo esencial.

Avanzamos a pasos agigantados hacia una Segunda Transición, hacia un nuevo engaño al pueblo trabajador de enormes proporciones. Al igual que a finales de los años 70, son necesarios grandes consensos sociales que avalen los ajustes políticos y sociales en marcha y ofrezcan la perspectiva de otros 30 años de paz social, de conflictividad obrera contenida y “responsable”, de rebaja del tono de las luchas populares, mientras se sigue legislando a favor del gran capital.

Las candidaturas de confluencia, llamadas pomposamente de “unidad popular” en algunos casos, pretenden unificar al movimiento obrero y popular bajo una falsa bandera de unidad, apelando al sentimentalismo y a la gravedad de la situación económica y social de millones de trabajadores y trabajadoras para legitimar un nuevo escenario de desarrollo capitalista.

Quienes promueven estas candidaturas abandonan voluntariamente, si alguna vez lo tuvieron, el discurso clasista, la concepción de una sociedad donde existen intereses confrontados, para abrazar propuestas difusas, aparentemente democráticas, engañosamente satisfactorias para muchos trabajadores y trabajadoras tras años de constantes pérdidas de derechos económicos, sociales y democráticos.

Ofrecen migajas para no ofrecer el todo. Prometen soluciones basadas en las mismas recetas que generaron el paro masivo, la emigración masiva y el robo masivo al pueblo trabajador. La nueva socialdemocracia pretende sustituir a la vieja socialdemocracia, cuyo papel engañaobreros, en las mismas claves que ellos expresan hoy, contuvo y desvió las ansias de transformación social de hace más de 30 años.

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