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En el Unidad y Lucha del mes de junio del año 2014 se informaba que la Seguridad Social estaba obligada, con la Ley 27/2011, de 1 de agosto, a enviar una comunicación, de carácter meramente informativo, a cada trabajador/a sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria.

 

Esta obligación parecía carente de sentido alguno, hasta que se observaba que, simultáneamente, había que informar acerca de cómo esos trabajadores y esas trabajadoras podían conseguir una pensión privada para cuando cumplieran la edad de jubilación.

Ya entonces, nos preguntábamos cuál era la finalidad de esta medida que venía determinada desde la Unión Europea, y que consistía en enviar, durante el año 2014, a las personas mayores de 50 años, un cálculo especulativo acerca de la pensión que les va a corresponder cuando cumplan la edad legal de jubilación, asustando con su exigua cuantía y, en consecuencia, animando a contratar un plan privado de pensiones.

En el programa del Gobierno está adelantar la edad a los 40 años para recibir la información, a partir de este año, 2015.

Se trata, en cualquier caso, de una información hipotética. Ahora mismo es imposible saber, con un mínimo rigor, el importe de la pensión de jubilación calculada 26 años antes a una persona de 41 años de edad. El cálculo sólo puede estar basado en suposiciones: que durante esos años no se pierda el puesto de trabajo, que en el caso de cambiar de empleo se mantendrá el mismo nivel salarial y de cotización a la Seguridad Social y que los requisitos de cotización vayan a seguir siendo los mismos durante esos 26 años.

Y, todo ello sin tener en cuenta que en España existe un tope máximo de cotización, por encima del cual es imposible ingresar cuotas en la Seguridad Social.

Es decir, ya entonces advertíamos que la finalidad de la medida era conseguir que sea quien más gane quien tenga un plan privado de pensiones, ya que llegado el tope no se le puede descontar más del salario, por lo que tendrá más dinero para invertirlo en un plan privado de jubilación para cuando alcance la edad y pueda dejar de trabajar, de manera que ese dinero no sirve para financiar el sistema público de pensiones de la Seguridad Social.

La famosa información no vale para nada, salvo para incentivar la privatización de las pensiones. De ahí que tenga que ir acompañada de una carta de las entidades privadas con las aportaciones que se pueden hacer para obtener, en su día, una pensión privada de jubilación.

Y aquí apuntábamos cuál era la verdadera finalidad de la medida informativa, la obtención de beneficios económicos por las empresas privadas del sector de los seguros.

Y así se ha confirmado cuando, ante el hecho de que se ha acabado el año 2014 y no se ha enviado la información, han sido las empresas de la patronal del seguro privado las que han puesto el grito en el cielo ante semejante incumplimiento, publicando en la prensa burguesa sus quejas y denuncias ante el hecho de que la Seguridad Social haya incumplido el compromiso de comunicar los datos de la futura pensión de jubilación a las personas mayores de 50 años. Por ejemplo, leemos en uno de los titulares “La patronal UNESPA critica el retraso de una medida considerada clave. El Gobierno congela el envío de cartas a los mayores de 50 sobre su pensión”.

Por supuesto, la patronal lo considera clave para sus intereses económicos y se quejan porque están perdiendo tiempo para lucrarse a costa de los trabajadores y de las trabajadoras que siguen sin contratarles planes privados de jubilación.

En definitiva, que una vez más, una medida de la Seguridad Social, aparentemente neutra, está enmascarando la privatización de un servicio público, dejando de buscar mecanismos de financiación para garantizar un auténtico sistema de protección social y favoreciendo la obtención de ganancias a unos pocos.

Aquí tenemos otro ejemplo de lo que hace la burguesía para que la clase obrera sumisamente acepte el objetivo patronal de cargar la crisis económica exclusivamente sobre sus espaldas.

Ignacio pastor

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