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La otra cara de la privatización de la educación: los trabajadores.

"En los últimos años estamos asistiendo a un incremento de las mal llamadas "políticas de ajuste" por parte de los gobiernos europeos; con objeto, presuntamente, de reducir el déficit y la deuda pública. Excusados bajo el manto de la reducción de los desequilibrios fiscales, la disminución de este déficit público y el pago de la deuda (provocada a su vez por la presión de los mercados financieros), han comenzado a desmantelar, privatizar y saquear sin pudor aquellas parcelas públicas en las que puedan recuperar la tasa de ganancia perdida con la crisis económica.

Uno de los sectores más perjudicados por esta mercantilización de la actividad pública ha sido el sector educativo, que ha ido sufriendo progresivamente los ataques de estas políticas. El proceso de degradación paulatina en la educación pública tuvo un nuevo episodio negro en mayo de 2012, fecha en la que se aprobó en el Congreso de los Diputados un decreto ley de medidas urgentes de "racionalización" del gasto público en el ámbito educativo. Este decreto ley, siguiendo la línea de recortes neoliberales (y por anteriores gobiernos socialdemócratas) impuestos en otros ámbitos estatales e impulsados desde Bruselas, establecía una bajada del 18% del presupuesto destinado a la educación superior y un 80% en los gastos no financieros en I+d+i en los campus. Aunque la mayor parte de los efectos de esta política de recortes se apreciará en mayor medida a medio y largo plazo, ya se han empezado a notar las consecuencias directas de los mismos. Si bien es cierto que son los estudiantes los que han tenido que enfrentarse a situaciones más críticas, con subida de tasas que ha llevado al borde de la expulsión a más de 30.000 universitarios por impago, disminución de las concesiones y cuantías de las becas, etc.; no se puede obviar que esta asfixia económica a las universidades tiene una importante incidencia en el propio profesorado de la universidad, especialmente sobre aquellas figuras docentes cuya situación laboral es precaria. Según datos ofrecidos por la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades de Espeña) para el curso 2011-2012, hubo una reducción de unos 3000 docentes con respecto al curso académico anterior, entre jubilaciones sin cubrir y despidos de profesores asociados. A modo de ejemplo, podemos citar el caso de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que para compensar un déficit de 11 millones ha reducido la partida presupuestaria destinada a personal unos 10 millones de euros. Esto ha provocado el anuncio del posible despido de más de 300 trabajadores, entre los que se encuentran personal administrativo y personal docente asociado. También es significativo el caso de la Universidad Complutense de Madrid, que este invierno pasado se vio en la tesitura de no encender la calefacción para poder pagar las nóminas del profesorado.

El impacto de esta estrategia capitalista de desmantelamiento de la educación pública, con vistas a favorecer los procesos de privatización de la enseñanza, no se circunscribe exclusivamente a la pérdida de capital humano en las universidades, sino que afecta directamente al desarrollo normal de la labor investigadora de los docentes y a la posibilidad de realizar una carrera profesional en el ámbito académico. Con respecto a lo primero, los investigadores se han tenido que enfrentar a la congelación de la inversión hasta el año 2020, lo que reduce a un 2% el peso de la I+D+i en el PIB (frente al 3% inicialmente previsto); al retraso en el pago de los fondos a los proyectos de investigación; a la paralización de las convocatorias de 2013 del Plan Estatal de Ciencia, Tecnología e Investigación; cancelaciones de suscripciones a revistas científicas, etc. Esta falta de fondos para nuevos proyectos, unida a los recortes en las cuantías y convocatorias de los programas Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o de Formación del Profesorado Universitario (FPU), así como la escasa tasa de reposición (10%), provoca que los jóvenes investigadores no puedan trabajar en condiciones dignas y no tengan opciones de continuar su labor en los campus una vez acaba su periodo de formación. Esta especialización supone, según estimaciones del rector de la Complutense José Carrillo, unos 300.000 euros por docente, al erario público; una inversión de futuro que no podrá ser amortizada para mejorar la calidad de la enseñanza y de la investigación en esas universidades.

Frente a estos ataques sólo queda defender el concepto de Universidad pública como garante de una educación gratuita y al servicio de la clase obrera y clases populares; no restringida exclusivamente a las élites económicas. Una universidad que imparta una educación de calidad, construida en torno a la figura de un profesorado bien formado y con condiciones laborales y salariales dignas. Una universidad que cuide a sus investigadores y les proporcione las herramientas necesarias para el avance científico. Y esto no será posible mientras el rumbo de estas universidades lo marquen las estrategias capitalistas de privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas; mientras el objetivo sea satisfacer los intereses empresariales.

 Álvaro Vaz-Romero