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Hoy, 28 de septiembre: Día mundial por la despenalización del aborto, sigue siendo necesario denunciar que el derecho al aborto lejos de ser libre, en la mayoría de países, también en el Estado Español, en vez de considerarse un derecho humano, central entre los derechos sexuales y reproductivos de las personas, es un mecanismo al servicio de las clases dominantes para el control de la reproducción a través del cuerpo de las mujeres.

Todavía, hay que defender y luchar denodadamente por el derecho de las mujeres a no arriesgar su vida y su libertad por interrumpir un embarazo no planificado o no deseado. A no sufrir angustia por una maternidad impuesta. A no ser insultadas, perseguidas, encarceladas… por ejercer un derecho básico del ser humano, en definitiva a decidir sobre su cuerpo y su vida.

Estamos en el siglo XXI, y el poder del patriarcado y su aliado el capitalismo es tal, que impide el derecho fundamental de toda persona a nacer siendo deseada y con posibilidades de ser atendida, educada y querida, el aborto es ilegal incluso en países en procesos “transformadores o progresistas”como la Venezuela Bolivariana o la Nicaragua Sandinista.

Aproximadamente el 25% de la población mundial viven en países con leyes sumamente restrictivas con respeto al aborto, sobre todo en América Latina, Africa y Asia. En algunos países, como Chile (tristemente de actualidad por el caso de la niña de 11 años embarazada despues de sufrir durante años los abusos de su padrasto y obligada a ser madre), las mujeres todavía son encarceladas si se realizan un aborto ilegal, el aborto está prohibido incluso en casos de violación o cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer.

Los abortos clandestinos o sanitariamente inseguros son una de las principales causas de muertes maternas en el mundo, por lo que la legalización del aborto puede prevenir el sufrimiento y la muerte innecesarios de las mujeres. Las leyes de aborto restrictivas violan los derechos humanos de las mujeres basados en acuerdos realizados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo, la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres en Beijing y la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El aborto es ilegal en todas las circunstancias o únicamente para salvar la vida de una mujer.

El aborto se permite legalmente únicamente para salvar la vida de una mujer o proteger su salud física.

América y el Caribe: Brazil, Colombia, Chile, Dominican Republic, El Salvador, Gustamala, Haiti, Honduras, Mexico, Nigaragua, Panama, Paraguay, Venezuela.

Africa bajo el Sahara: Angola, Benin, Central African Rep.Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Dem. Rep. of Congo, Gabon, Guinea- Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauretania, Mauritius, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Tanzania, Togo, Uganda,

Medio Oriente y el norte de Africa: Afghanistan, Egypt, Iran, Lebanon, Libya, Oman, Sudan (r), Syria, United Arab Emirates, Yemen,

Asia y el Pacífico:
Bangladesh, Indonesia, Laos, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, Sri Lanka,

Europa: Ireland, Malta

América y el Caribe: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Peru

África bajo el Sahara: Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Eritrea, Ethiopia, Guinea, Malawi, Mozambique, Zimbabwe

Medio Oriente y el norte de África: Kuwait, Morocco, Saudi Arabi

Asia y el Pacífico: Pakistan, South Korea, Thailand

Europa: Poland

En el estado español, tanto con la ley de supuestos como con la de plazos, la legislación en materia de aborto todavía no ha salido del Código Penal. Ahora, las interferencias religiosas y las presiones de las organizaciones católicas hacen que el gobierno de turno de la oligarquía, pretenda reducir los supuestos que permitían el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, con la anunciada “Contrarreforma Gallardón”, nos mandan a abortar en la clandestinidad, con las graves consecuencias que esto conlleva ; esta “contrarreforma” pondrá en peligro la vida y la libertad de las mujeres.

Siglos de historia han demostrado que la criminalización y la clandestinidad del aborto, lejos de evitar su práctica, la hace más peligrosa, sobre todo para las más jóvenes y empobrecidas. Sólo hace falta recordar los 300.000 abortos al año y las 3.000 mujeres muertas por abortar que barajaba el fiscal del Estado en la época de la dictadura franquista.

La Ley de salud sexual y reproductiva y de la IVE de 2010, que homologó al Estado Español con el resto de países europeos, fue un relativo avance, fruto de décadas de lucha, especialmente feminista, (aún cuando tenía una concepción muy limitada del derecho a decidir de las mujeres). La ley vigente no ha respondido de forma efectiva a las necesidades reales de todas las mujeres. Su aplicación ha tenido múltiples deficiencias: no se ha asegurado la realización de la IVE en la red de la sanidad pública, ni la equidad territorial en su acceso, no está garantizado el aborto a las mujeres que sobrepasan las 14 semanas, existe una clara desprotección de las mujeres jóvenes, aquellas que no tienen ninguna prestación, las migrantes y las que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad como es el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, no se ha normalizado su aplicación, no se ha incluido orientación, control posterior, ni medidas preventivas, ni atención psicológica y social para las mujeres que se practican una IVE, y mucho menos se ha garantizado la información, la educación y la atención afectiva y sexual, cuya obligatoriedad establece la ley.

Por tanto la práctica de la ley ha estado atravesada por la concepción patriracal y neoliberal de las políticas económicas y sociales, que han aplicado los gobiernos de la oligarquía desde el inicio de la crisis capitalista actual, lo que está provocando un severo deterioro de las condiciones de vida de la la clase trabajadoras y sectores populares, con altos índices de feminización de la pobreza, y un retroceso brutal en derechos sociales conquistados, al menos en las leyes, tras muchos años de lucha.

El Partido Popular,actual representante de la oligarquía, pretende imponer la doctrina moral de la Iglesia a través de las leyes civiles, atendiendo a las exigencias de los sectores más reaccionarios, en especial, de la Conferencia Episcopal. Ejemplos claros de esta ofensiva ideológica ultraconservadora son la vuelta de la asignatura de religión a la Educación Pública, y a los colegios que segregan por sexo; la falta de financiación en el sistema público de salud de ocho píldoras anticonceptivas de última generación, que habían entrado en la financiación pública en 2011, para prevenir embarazos no deseados;  el intento desaforado de justificar la forma de limitar el acceso a la anticoncepción de urgencia; la conformación del Comité de Bioética y del Tribunal Constitucional con elementos claramente antiabortistas; la limitación del registro de mujeres con un parte de lesiones por violencia de género a los casos en los que sean hospitalizadas al menos 24 horas, la exclusión a las mujeres lesbianas y solas de la reproducción asistida gratuita…

Bajo la orientación de la moral religiosa, el binomio sexualidad y reproducción, se convierte en factor clave al servicio de las necesidades del capital, tanto para controlar la reproducción de la mano de obra según sus necesidades, como para el sometimiento y disciplinamiento de la clase obrera en general y de las mujeres y sus cuerpos en particular. En la coyuntura actual con la desaparición de los Servicios Públicos, que atienden la Dependencia ( Personas enfermas, niñas y niños, personas con Diversidad funcional, también por envejecimiento.) la obligatoriedad de la maternidad y el rol de cuidadoras de las mujeres es un eje fundamenal dentro de la lógica capitalista de acumulación de beneficios y división sexual del trabajo.

Tatiana Delgado