El Govern de Catalunya, con el President Puigdemont al frente, asegura que en septiembre se va a realizar un referéndum de independencia en Catalunya, de una forma pactada con el Estado o de forma unilateral. Es lo que se ha conocido como “O referéndum o referéndum”.

La decisión por parte del Gobierno catalán y sus aliados está tomada desde hace tiempo, y para ello está preparada y guardada bajo llave lo que se ha denominado la “Ley de transitoriedad jurídica” que deberá amparar la celebración del referéndum pese a la oposición del Estado y, en caso de que gane el sí a la independencia, ejercerla.

Por otro lado, el Estado afirma que se va a impedir la celebración del referéndum y que para ello ejercerá la fuerza que sea necesaria.

Lo más probable es que el referéndum no se produzca y que la vía represiva se imponga. Si la vía represiva se impone, representará la intervención y suspensión de las instituciones catalanas. Este hecho significará que, en una parte del territorio español y de la UE, es declarado el estado de excepción, y además con una parte significativa de la población de ese territorio movilizada contra las medidas de excepción y suspensión del autogobierno.

Si el Estado español es incapaz de suspender la celebración del referéndum, esto supondría la independencia de facto, ya que, si el Estado es incapaz de controlar una parte significativa del país y de la UE, y en esa parte existe un poder distinto con capacidad ejecutiva y con una parte significativa de la población movilizada en su defensa, la independencia sería un hecho.

Las encuestas que aparecen en los medios burgueses y las encuestas de distintas instituciones señalan un empate técnico entre independentistas y no independentistas, pero señalan que un 80% de la población catalana está de acuerdo con la celebración del referéndum. Si analizamos las diferencias de las composiciones de los parlamentos burgueses españoles y catalanes, y la composición del Pacte Nacional pel Referendum (sindicatos, patronales, entidades sociales y Partidos), vemos cómo la fracción dominante de la burguesía catalana que impulsa el proceso independentista ha conseguido generar una realidad política y social divergente de la española.

Hoy en Catalunya se dirimen dos cuestiones, la evidente es una cuestión democrática fundamental, el reconocimiento de Catalunya como nación y, por tanto, el de sujeto político con capacidad para definir su futuro como comunidad. La otra cuestión es el proyecto estratégico de la fracción dominante de la burguesía catalana de integrar Catalunya como sujeto autónomo controlado por ella en las estructuras imperialistas europeas y atlantistas, y con una especial alianza con la entidad sionista que ocupa Palestina.

Estas dos cuestiones son sobre las que se debe posicionar el Partido Comunista en Catalunya y en el conjunto del Estado. En nuestro ADN está el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de todas las naciones, y esto incluye a Catalunya, y si así lo decide, a ser independiente. Pero los y las comunistas no podemos apoyar un proyecto burgués, que, aunque presentado como liberal y “moderno”, es un proyecto profundamente reaccionario por su carácter imperialista y prosionista. Los y las comunistas no podemos decirle a la clase obrera que vaya detrás de los intereses de ninguna burguesía en nombre de una patria que solo es un instrumento para la acumulación y la explotación de una minoría y para intereses geoestratégicos bastardos. Pero tampoco podemos pedirle a la clase obrera catalana que, en contraposición al proyecto independentista, apoye mantener un proyecto burgués heredero de la dictadura franquista, igualmente reaccionario e imperialista.

Tanto el PCPE como el PCPC debemos mantener una posición independiente, de clase y comprometida con el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el cual solo puede ser realmente efectivo en el Socialismo y ejercido por el poder obrero.

Ferrán Nieto