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El Gobierno de La Rioja, encabezado por Pedro Sanz (PP) desde hace 20 años, es el principal enemigo de la sanidad pública riojana. A las políticas de recortes de personal, de cierre de plantas, de discriminación de partes significativas de la población de la comunidad y de escasez de medios en los centros de salud y hospitales que viene practicando su gobierno, se suma ahora un nuevo episodio de agresión con el destino que pretenden para la parcela donde anteriormente se encontraba el hospital San Millán, en Logroño.

Esta parcela, vacía desde el derribo del antiguo hospital, pretende ser utilizada ahora para construir un complejo que incluiría edificios para la Escuela de Enfermería, la Consejería de Salud, oficinas y un parking, utilizando para ello la fórmula de la colaboración público-privada.

Esta fórmula consiste básicamente en que la construcción del complejo recaerá sobre una empresa privada que, posteriormente, se encargará de la gestión durante 20 años de los edificios y percibirá, anualmente, 4,4 millones de euros de dinero público por ello, ascendiendo el total de la operación hasta los 80 millones de euros, ello suponiendo que no haya retrasos o sobrecostes.

La operación tiene todo el aspecto de ser un gran pelotazo, contando para ello con la connivencia del ayuntamiento de Logroño, también dirigido por el PP, que cede gustosamente unos terrenos cuyo donante, en su día, comprometió exclusivamente para uso sanitario, no de otro tipo.

Pero el problema no está solo en que haya un pelotazo en ciernes, sino en que la actual legislación permite tales despropósitos a través de las distintas vías establecidas para la penetración del capital privado en los servicios públicos, en este caso los servicios sanitarios.

El problema de fondo reside en que los partidos burgueses, a pesar de su palabrería en época electoral, asumen y promueven la entrada masiva de las empresas privadas en la gestión de servicios públicos. La gestión del agua, de las basuras, de los parkings públicos, de los parques y jardines, de servicios concretos en hospitales y centros de salud, cuando no de los propios hospitales, de los comedores escolares y un largo etcétera, son servicios que se han entregado, por las distintas formaciones políticas, a grandes monopolios como FCC o ACS, que generalmente ganan los concursos mediante ofertas a la baja de las que se resienten posteriormente los derechos laborales y los propios servicios prestados en malas condiciones.

La “colaboración” entre capital público y privado es un gran engaño. No existe “colaboración”, sino desvío del dinero público a empresas concesionarias que, en la mayoría de ocasiones, cargan sobre las administraciones sobrecostes y retrasos que terminan por incrementar la sangría de dinero de todos y todas. Una sangría al pueblo trabajador en toda regla.

Existen casos paradigmáticos de lo nefasto de este tipo de operaciones: la falta de rentabilidad en la gestión del hospital de Alzira, en Valencia, ha terminado por ser utilizada para conceder a la empresa concesionaria la gestión de ciertos servicios sanitarios en toda la zona de influencia del hospital; el aeropuerto de Castellón o las radiales de Madrid también fueron construidas recurriendo a este mecanismo, y hoy es evidente que su utilidad social es cero, mientras grupos empresariales se han embolsado miles de millones de euros y, por si fuera poco, todavía exigen más dada la nula rentabilidad económica de obras innecesarias.

El saqueo al pueblo trabajador es favorecido con este tipo de mecanismos de concesión, que son mecanismos plenamente aceptados por los partidos burgueses, llámense “de izquierda”, de “derecha” o de “centro”. Los y las comunistas debemos denunciarlos y organizar la lucha contra sus consecuencias a todos los niveles.

Ástor García